El Gobierno Nacional oficializó el Decreto 383/2025, que introduce una reforma estructural en la Policía Federal Argentina (PFA) con el objetivo de modernizar la fuerza y adaptar su labor a los desafíos actuales. La nueva normativa redefine el perfil de la institución y establece una reorganización operativa y administrativa.
POLITICA18 de junio de 2025
El Expreso de Jujuy
El relanzamiento institucional de la PFA sucedió ayer, en un acto que protagonizaron el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Nuestro Gobierno lleva adelante las políticas de seguridad siguiendo tres ejes: el que las hace las paga, o sea que la justicia se debe cumplir siempre y en todo lugar; segundo, las reglas se respetan, por eso terminamos con los piquetes, y tercero, los de azul son los buenos”, había destacado el mandatario nacional.
Y determinó: “Vamos a reformar el perfil de los investigadores, vamos a capacitar en técnicas investigativas. Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI. Vamos a hacer las inversiones que hagan falta. Esto es simple, el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”.
Cambios principales, personal y financiación
La principal modificación reside en el cambio de misión de la PFA, cuya labor central pasa a ser la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, dirigido especialmente a la desarticulación de organizaciones criminales.
Esta transformación implica dejar atrás su antiguo rol en cuestiones de seguridad local dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, función que fue transferida al ámbito porteño tras el acuerdo sellado en 2016. Con la derogación del decreto-ley de 1958, el nuevo estatuto estructura a la fuerza en dos áreas clave: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC).
Entre los cambios operativos, el Ministerio de Seguridad establecerá anualmente un tope de nuevos suboficiales, un número que no superará el registrado en 2025 y que irá disminuyendo de manera paulatina. Este recorte en el ingreso de personal conlleva una reducción progresiva del tamaño de la fuerza y un giro en su perfil operativo, orientándolo hacia tareas de inteligencia e investigación criminal.
Los recursos que se ahorren gracias al nuevo cupo de ingresos se derivarán a un Programa de Modernización de la PFA. Este fondo permitirá inversiones en equipamiento, tecnología y cambios en los procesos internos, con la idea de dotar a la institución de herramientas más modernas y eficientes frente al delito complejo.
Nuevas facultades, liderazgos y controles internos
En su nueva configuración, la PFA actuará como auxiliar de la Justicia en investigaciones sobre delitos federales, fortalecerá la coordinación con otras fuerzas nacionales e internacionales y sumará tareas de inteligencia reguladas por la Ley 25.520. Además, podrá intervenir en espacios digitales públicos —como redes sociales y sitios web abiertos— para tareas de prevención, siempre con el compromiso de respetar los derechos fundamentales de las personas.
El nuevo estatuto también modifica el esquema de liderazgo y control interno. Tanto la Jefatura como la Subjefatura de la PFA serán designadas por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Seguridad. Por primera vez, la normativa permite que, en circunstancias excepcionales, se nombren personas ajenas a la fuerza para estos cargos.
Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Internos verá reforzada su autonomía y vinculación con el Ministerio de Seguridad. Este organismo podrá iniciar investigaciones, realizar sumarios y supervisar la integridad de la fuerza, garantizando un control más riguroso y transparente. Todo traslado de personal en este sector debe ser debidamente fundamentado e informado a la cartera nacional, que tendrá la capacidad de revisar o anular las medidas que considere improcedentes.
Con estos cambios, el Gobierno nacional busca fortalecer el perfil federal de la PFA, reforzar el control civil sobre la fuerza y adecuarla a las problemáticas actuales del crimen organizado, marcando un punto de inflexión en la historia de una de las instituciones más emblemáticas del sistema de seguridad argentino.
En Santiago del Estero se definió la conformación del grupo de los los gobernadores del Norte Grande, cuyo presidente e interlocutor con el gobierno nacional, será el catamarqueño Raúl Jalil, muy cercano a Milei.
La agenda parlamentaria está trazada hasta fin de año y el tratamiento de la Ley de Coparticipación Municipal, no está o no figura por ningún lado. Básicamente, el gobierno provincial no remitió ningún proyecto para que se discuta en ese ámbito, y todo hace prever que los intendentes se quedaron nuevamente sin la posibilidad de contar con una ley que le asegure un mayor flujo de recursos y sin estar mendigando en Casa de Gobierno.
Entre los temas previsto, está el ingreso del Presupuesto 2026, para que tome estado parlamentario. En reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados, junto a los presidentes de los bloques , afirmaron que abordarán los despachos emitidos por las distintas comisiones, así como algunos temas que quedaron pendientes en el orden del día de la sesión anterior.
Lo admitió el diputado oficialista Adriano Morone quien aseguró que “por ahí no sé si es tan importante la rapidez con que se apruebe, sino que tengamos una buena ley de coparticipación, porque además es una ley compleja”.
La cifra surge del presupuesto provincial que se pondrá en discusión la próxima semana. El diputado provincial oficialista, Santiago Jubert admitió que esos recursos pueden llegar a la provincia a través del un compromiso del Presidente de la Nación y se destinaría a cubrir distintos gastos de funcionamiento del estado provincial.
En reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación General, se presentó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y se análisis el proyecto de creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento.
La Fiscalía que investiga al empresario Oded Kindermann por distintos hechos de abuso, modificó la imputación del mismo a abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda, con lo cual también se amplió la prisión preventiva por 30 días, razón por la cual continuará privado de su libertad.
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
Un menor de 15 años casi pierde la vida tras ser agredido el pasado fin de semana, en inmediaciones del Hospital Snopek donde fue atacado por una patota integrada por jugadores de un club de rugby y un estudiante de la Escuela de Policía. En horas de la tarde de esta jornada el mismo grupo volvió a citar al menor en el mismo lugar, probablemente para volver a agredirlo y fueron detenidos.
Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.
Tras una intensa jornada, el frente Generación Universitaria se impuso con el 80% de los electores, las elecciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Después de seis años sin renovación de autoridades, los estudiantes eligieron a sus nuevos representantes para conducir el Centro de Estudiantes.