Fernando Burgos
Mercedes Sosa y la abogada Lorena Mamaní se entrevistaron en horas de la mañana con el Fiscal Funes, quién le aseguró que está por finalizar la etapa investigativa y quedaría elevar a juicio.
“Estamos muy preocupados y este tema siempre se trata en nuestras asambleas, hay una denuncia en curso, los afiliados del sindicato son los querellantes de la causa y queremos saber cómo va avanzando” sostuvo Sosa al finalizar la entrevista con el fiscal.
Destacó que la actual situación inestable del gremio “está ligada directamente con esa administración, porque el delito que se le acusa es por administración fraudulenta y eso afecta con la situación caótica que estamos atravesando hoy, que genera una crisis muy grande, que nos quita energías para la labor que queremos realizar, pero hay que atender porque hay 35 familias que dependen de la estabilidad económica del sindicato”.
La Dra. Mamaní enfatizó que “estamos en instancia de esperar el pedido de elevación a juicio, que es lo va a requerir el fiscal. Lo citaron a Montero a declaración indagatoria y a otros miembros de la Comisión Directiva. Obviamente que su defensa hace a la negación de todo lo que se le acusa, la defraudación con la administración de los fondos que correspondía al sindicato”.
Destacó que en este expediente se encuentran como querellante todos los afiliados los cuales se ven perjudicados por esta administración fraudulenta.
Sobre el avance lento de la causa dijo que “la respuesta siempre de la justicia es que debemos tener paciencia, que están investigando, pero es lo que ocurre con tantas causas importantes que afecta a los jujeños como víctima de este tipo de situaciones. Lo importante es que tenemos el compromiso por parte del MPA, de avanzar entendiendo que existen elementos que van a tener en cuenta al momento del pedido de elevación a juicio”.
También puso en relieve el monto demandado. “Manejamos montos que son del 2023, en el momento que se hace la denuncia y estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos. Actualizados al día de hoy es muchísimo más dinero. Hay deuda con proveedores, trabajadores, AFIP, aportes, multas que no se respondieron en tiempo y firma, la verdad que es bastante compleja la situación con respecto a este particular denuncia”.
Sostuvo que de haber una condena “estamos solicitando la reparación con cada uno de los afiliados, con el patrimonio personal de los involucrados. En eso también tiene que ver con los demás miembros de esa comisión”.
En cuanto a los bienes de Montero para responder en esta causa, dijo que “cuando hemos tenido la posibilidad de investigar el patrimonio de los miembros, han cambiado la titularidad de varios de sus bienes. Recuerdo una publicación no muy lejana, ostentando algunos bienes muy importantes de él particularmente. También está involucrado el hijo de Montero, porque está probado en el expediente la transferencia de dinero a nombre del hijo. En ese momento eran montos de 500 mil pesos, 800 mil pesos, que era muchísimo dinero en esos años”.
Mercedes Sosa resaltó que se va a seguir solicitando justicia, “porque esto tiene sus consecuencias hoy en día. Le quita energía al sindicato al tratar de reparar todos esos baches, denuncias, embargos, amenazas, y sentencias que hay que responder. Recordemos que el CEDEMS tenía muchos JIM a su cargo, cada uno tenía personal que por otro lado cada sede tenía mobiliario, que hoy no existen, no están por ningún lado y las dicentes que trabajaban en esas instituciones fueron despedidas, realizaron los juicios que son totalmente justo y todo es actualizado. Con el descalabro financiero de ahora, imagínense que es muy difícil. Es muy estresante llevar todo esto y mientras tanto hay que atender las demandas de los docentes de la provincia y por eso nuestra premura para que se dé respuesta y recuperar en parte el patrimonio que nosotros consideramos que está en una investigación, que se dilapidó de nuestro gremio y que sería una suerte de reparación”.
