Salta: QUEDÓ IMPUTADA LA NARCOMODELO SALTEÑA QUE TRANSPORTABA ESTUPEFACIENTES

En el marco de una investigación penal formalizada ayer al mediodía ante la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano lograron la imputación penal por el delito de transporte de estupefaciente agravado por el número de intervinientes de dos hombres y dos mujeres, y de un tercer hombre por tenencia con fines de comercialización. 

Todos fueron detenidos este miércoles tras un procedimiento en el que se incautaron 15 kilos de marihuana luego de una persecución a más de 180 kilómetros por hora por rutas de la provincia. Durante la fuga uno de los imputados intentó deshacerse de la droga arrojándola por la ventana del vehículo.

Las personas detenidas por el transporte de la marihuana son Gustavo Joaquín Tolaba; su pareja, Martina Oliva, cuyo caso trascendió públicamente a partir de su conocida profesión de modelo y de que fue elegida como “Miss Orán” en un concurso de belleza; Angela Carolina Cuenca; y Juan Alberto Romero, a quien también se le imputó el delito de resistencia a la autoridad. También a pedido de la fiscalía, la jueza hizo lugar a la imputación contra José Burgos por el delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La magistrada fijó un plazo de investigación de seis meses y dispuso -en línea con el pedido de Villalba y Altamirano- que durante ese tiempo las personas permanezcan en prisión preventiva. Asimismo, autorizó una serie de peritajes a los teléfonos que fueron secuestrados y el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil de los/as acusados.

Las detenciones -cuya legalidad fue analizada y declarada por la jueza durante la audiencia- se registró como resultado de una investigación iniciada en noviembre del año pasado, mediante la cual se pudo determinar que los implicadosñ se proveían de droga en la ciudad de Aguas Blancas, para luego trasladarla a Orán y de allí a la capital provincial.

En función de las evidencias reunidas, el miércoles pasado se interceptó un convoy que los acusados habían organizado con un cargamento de 15 kilos de marihuana, del que intentaron desprenderse arrojando paquetes por la ventanilla del auto cuando se vieron descubiertos, y luego pretendieron huir en uno de los vehículos, un Citröen C3, a toda velocidad. El auto finalmente fue detenido con uno de sus ocupantes.

El procedimiento se realizó a las 7.20, cuando Tolaba, quien iba al mando de una camioneta Toyota Hilux y llevaba como acompañantes a Oliva y Cuenca, fue detenido donde funcionaba el peaje Aunor, sobre la ruta nacional N°9. Un Citröen C3, que viajaba 500 metros por detrás, y en el que viajaba Romero, advirtió el control sobre la camioneta, hizo un giro en “U” y emprendió la fuga en dirección de la localidad de General Güemes.

Según explicó la auxiliar fiscal, la PSA persiguió el vehículo, que superó en la huida los 180 kilómetros por hora, lo cual generó riesgo para sus ocupantes, el personal policial y otros vehículos que circulaban por esa ruta.

La funcionaria explicó que, pese a que algunas piezas del automóvil comenzaron a desprenderse, el auto tomó la ruta provincial N°112, con rumbo a Jujuy. En ese contexto, el personal policial visualizó que, en el camino, los ocupantes arrojaron a un costado los paquetes de droga.

Altamirano añadió que la persecución se extendió hasta inmediaciones de la finca “San Juan de Dios”, ubicada en cercanías del cruce de la ruta 23 y 41, donde el auto quedó varado contra la maleza. Explicó que los policías lograron detener a Romero a unos 100 metros del lugar, quien intentó desligarse del auto, pero un trabajador rural sostuvo que lo había visto bajar de él.

Villalba y Altamirano indicaron que el operativo se completó con dos allanamientos, uno de ellos en la casa de Tolaba, en Orán, donde se logró secuestrar más droga, aunque en escasa cantidad, y objetos ligados al fraccionamiento del estupefaciente, como una balanza de precisión, elementos para envolver la sustancia y una máquina contadora de billetes.

Agregaron que el otro procedimiento, desarrollado en la casa de Burgos, en el barrio 17 de Octubre en el norte de la capital provincial, hubo un hallazgo similar. Allí el sujeto fue detenido luego de que intentó escapar hacia la casa de su vecino. Una vez reducido, se encontró en su poder un envoltorio con 250 gramos de marihuana, indicaron los representantes del MPF.

Villalba sostuvo que la detención de los/as cinco acusados/as fue producto de una pesquisa que comenzó en noviembre del año pasado, cuando personal de la PSA recibió una denuncia en la que se identificó a Tolaba como responsable de una organización que traficaba marihuana de Orán a Salta y aportó los datos de los vehículos que solían usar para esta actividad.

A partir de ello, la PSA —cuya tarea fue elogiada por el fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal—identificó al sindicado líder de la banda y a otros/as integrantes, entre ellos a Oliva, su pareja, quien -de acuerdo la investigación- tenía una participación activa en los viajes con droga.

Villalba explicó que en la pesquisa pudo establecerse que la modalidad de transporte incluía un “coche puntero”, conducido por Tolaba y Oliva -en una camioneta Toyota Hylux o bien una Volkswagen Amarok-, y que el transporte se hacía en un Citröen C3, un VW Polo o un VW Virtus conducido por Romero.

También expuso que el análisis de las cámaras de video, las intervenciones telefónicas y la localización de los dispositivos por impacto de antenas telefónicas, entre otros recursos, permitieron establecer un promedio de 34 viajes de Orán a Salta realizados por esta organización, con la particularidad de que la ida les demandaba entre 6 y 7 horas, mientras que el retorno les llevaba poco más de 2 horas.

Según explicaron Villalba y Altamirano, la demora respondía a que los acusados usaban rutas alternativas, en especial a la altura de la localidad jujeña de Chalicán, donde hay un control fijo de la Gendarmería Nacional, que era eludido a través de la circulación por varias rutas, hasta desembocar en General Güemes, desde donde luego partían a Salta.

Agregaron que cuando arribaban a la capital provincial, el lugar de destino era la casa de Burgos, quien era el comprador principal de la organización. En efecto, resaltaron que en el allanamiento a ese domicilio se secuestró una suma de 6 millones de pesos, dinero que -sostuvieron- el acusado tenía reservado para pagar los 15 kilos de marihuana.

Tras la descripción de los hechos, la fiscalía formalizó la imputación penal, requirió permiso para avanzar con los peritajes a los teléfonos secuestrados y, por último, pidió la prisión preventiva de las personas detenidas, dado el latente riesgo de fuga y entorpecimiento procesal.

Villalba y Altamirano resaltaron la gravedad del hecho, la logística utilizada y el poder económico que evidenciaron las maniobras. Destacaron, a su vez, el daño representado a la salud pública a partir de la cantidad de droga incautada, destinada a la reventa en distintas bocas de expendios en la ciudad.

En el caso de Romero marcaron su conducta evasiva, dado que tuvieron en cuenta que emprendió la fuga como conductor del auto o bien como la persona que intentó deshacerse de la droga al escapar. Por otro lado, informaron que Burgos cuenta con una condena previa de 4 años de prisión dictada el 10 de agosto de 2020 por el mismo delito ahora imputado.

Prisión preventiva

“Además de haber presentado una acusación solvente, cabe mencionar que aún nos encontraron en un estado incipiente de la investigación, pues está más que claro que existen otros implicados”, dijo el fiscal general, para luego indicar que la pena en expectativa de los delitos imputados, superior a los 6 años de prisión, hace imposible que los acusados accedan a un beneficio de prisión condicional.

A su turno, las defensas intentaron menguar la incriminación de sus respectivos clientes. En el caso de Cuenta y Romero pidieron que se los considere partícipes secundarios.

Respecto al pedido de prisión preventiva, también hubo cuestionamientos y, en los casos de Oliva y Cuenca, las defensas solicitaron la libertad provisoria y el arresto domiciliario subsidiariamente. El principal argumento es la condición de madres de niños menores de edad. En ese sentido, Oliva, quien aceptó declarar, afirmó que ella era su único sostén, a la vez que dijo que a Tolaba lo conocía desde hacía un mes.

Al responder a estos planteos, la fiscalía rebatió los pedidos. Dijo que las evidencias eran contundentes respecto a la participación activa de cada uno/a de los/as detenidos/as y mencionó que, una vez que se avance con los peritajes telefónicos, se podrá establecer con mayor claridad su vínculo con el delito.

La fiscalía también requirió que se rechace el pedido de arresto domiciliario de ambas mujeres, ya que sostuvo que, al momento de delinquir, “las acusadas no pensaron en sus hijos”, que ahora se encuentran a resguardo de sus familiares. Ese sentido, insistieron en el estado incipiente del caso.

Al resolver, la jueza coincidió con la fiscalía y rechazó los pedidos defensistas, declaró la legalidad de las detenciones, dio por formalizada la investigación penal por los delitos requeridos, autorizó los peritajes y el levantamiento del secreto bancario y bursátil de las personas imputadas, y finalmente dispuso la prisión preventiva de todas ellas.

Entre sus fundamentos, la jueza resaltó la obligación del Estado Nacional, a partir de tratados internacionales, de ir a fondo en la lucha contra el narcotráfico.