Lo expresó el Equipo No a la Trata, perteneciente al Episcopado. Considera la medida gubernamental "un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos" a las víctimas de ese delito.
NACIONALES29 de noviembre de 2024
Fernando Burgos
El Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina, expresa la más profunda preocupación ante la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas, creado por la ley 27.508 de 2019.
En un comunicado, el organismo episcopal recuerda que "el Fondo de Asistencia es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas".
"Es decir, que no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito, que debía administrar el Estado", agrega.
El Equipo No a la Trata cuestiona "que, tras años de avances, que habían puesto a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra ese delito -el más grave que se pueda cometer contra la libertad y dignidad humana-, este hecho representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar; y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas".
Texto del comunicado
Desde el Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina manifestamos nuestra más profunda preocupación ante la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas creado por la Ley 27.508 de 2019. Este mecanismo eliminado bajo un decreto presidencial, se trató efectivamente de una Ley democrática que representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.
El Fondo de Asistencia es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas. Es decir, que no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado.
En octubre del 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a BICE Fideicomisos S.A. puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración.
Según menciona el Boletín Oficial Decreto 1048/2024 "resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos" En primer lugar no comprendemos la mención del contexto económico actual, ya que como ha sido mencionando, los fondos no salen de erario público, por otro lado, esta medida en ausencia de mecanismos supletorios del Fondo de Asistencia Directa sólo puede tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito.
En un trabajo reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se elaboró un relevamiento estadístico en base a la reparación de víctimas de trata en sentencias condenatorias en Argentina entre los años 2019 y 2022. En este periodo se dictaron 107 sentencias condenatorias, de las cuales en 27 (un 25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas. Éstas alcanzaron a 168 víctimas por un total de más de 70 millones de pesos (en rigor, 70.823.001,20 pesos) y 16.141 dólares, además del equivalente a 192 salarios mínimos y 3 vehículos afectados para los mismos fines.
Es por esto que, tras años de avances, que habían puesto a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra este delito -el más grave que se pueda cometer contra la libertad y dignidad humana-, este hecho representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas.
Más información, en www.episcopado.org y redes sociales.
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