El Expreso de Jujuy
Los efectivos acusados prestaban servicio en dos puestos de control ruteros ubicados en Salta y Tucumán.
Mecanismo. Los gendarmes recibían transferencias que luego distribuían entre los implicados. Les cobraban a los coordinadores de los micros y también a particulares.
“Por favor hagan algo con los milicos coimeros que nos sacan plata”. La denuncia anónima de un comerciante destapó una olla de corrupción policial que llevó a la cárcel a veinte integrantes de Gendarmería Nacional Argentina. Los acusan de cobrar coimas a los tours de compra a Bolivia, para que no declarar cubiertas, indumentaria y juguetes, entre otras cosas.
El mecanismo de recaudación estaba tan aceitado que hasta aceptaban pagos por transferencias a una billetera virtual. La investigación, realizada en conjunto entre el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Salta, y el fiscal federal Agustín Chit, de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, demandó cerca de un año.
Se inició en septiembre de 2023 pero recién avanzó en las últimas semanas, a partir de una serie de allanamientos y 29 detenciones (nueve civiles, ocho gendarmes en Salta y doce en Tucumán).
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Los comerciantes apuntaron directamente contra miembros de Gendarmería Nacional que prestaban servicios en los puestos de control ubicados en El Naranjo, en Salta, y Trancas, en Tucumán. Y dieron detalles de cómo funcionaba el aparato de recaudación, que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una suerte de “pyme”.
Uno de ellos, por ejemplo, señaló que los gendarmes le pidieron 50 mil pesos para que pueda pasar mercadería de contrabando. Como se negó, le labraron un acta simple pero llamativamente no informaron la novedad a la fiscalía en turno.
Estas exigencias de dinero eran habituales en los micros de tours de compra que emprendían el regreso desde la ciudad de Orán, y aumentaban significativamente el valor en los dos puestos fronterizos, entre Tucumán y Salta.
En el puesto de El Naranjo, que pertenece al Escuadrón 45, fueron detenidos ocho efectivos. Se trata de los sargentos Matías Aranda, Rubén Rodríguez y Nelson Bautista; los cabo primero Pablo Méndez, Raúl Portillo y Olga Daiana Rodríguez; y los gendarmes Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez.
Allí secuestraron de 6.179.380 pesos y 200 dólares. Ese dinero estaba en el “ámbito de resguardo de los acusados. Eran billetes de baja denominación guardados en bolsos, mochilas o bolsas plásticas. También hallaron fajos de dinero ocultos en la funda de armas, el yerbatero y hasta detrás de la mochila del baño.
De acuerdo a los voceros, los ocho efectivos salteños fueron procesados por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de exacciones ilegales y por ser cometido en provecho propio. En el caso de los sospechosos que fueron arrestados en Tucumán, el fiscal Chit adelantó que esperará las indagatorias para definir la situación de los acusados.
Una de las principales pruebas que tuvo en cuenta la fiscalía salteña para avanzar en el procesamiento de los ocho gendarmes surgió de un miembro de la fuerza que se presentó ante sus superiores para denunciar a sus propios compañeros. Dijo que fue obligado a recibir su parte de la recaudación y entregó ese dinero para respaldar su versión.
Según el fiscal, esa plata era producto del cobro de coimas que sus compañeros exigían a los tours de compras.
La maniobra se ejecutaba de dos modalidades. “En algunos casos, los sobornos se exigían directamente a los comerciantes que viajaban en sus vehículos particulares, mientras que, en otros casos, los pagos se acordaban con los coordinadores de los tours de compra y se hacían mediante transferencia a cuentas de familiares de los efectivos implicados”, explicó Chit.
En la audiencia imputativa, surgieron más datos que prueban lo aceitado que estaba el mecanismo. La auxiliar fiscal Roxana Gual reveló que había “gendarmes que pagaban hasta 400 mil pesos a cambio de ser asignados en el puesto de El Naranjo”. No era para menos: el traslado podría significar un ingreso extra que en algunos caso podría llegar a duplicar el salario percibido en la fuerza de seguridad.
El fiscal general Carlos Martín Amad, por su parte, estimó que los gendarmes “tenían una ganancia de un millón de pesos por día”. Además, apuntó que las denuncias, tanto en la provincia de Salta como en Tucumán, son similares y dan cuenta de “un entramado de corrupción” dentro de la fuerza federal, de la que podrían llegar a formar parte los responsables de los destacamentos. Para avanzar en ese aspecto solicitó una serie de pericias a los teléfonos secuestrados, varios de ellos iPhone, y requirió permiso para que se levante el secretario fiscal de los imputados.
Los gendarmes, por su parte, no solo negaron cualquier vinculación con la red de cobro de coimas sino que además desconocieron cualquier relación con los millones de pesos que fueron secuestrados en la dependencia donde prestaban servicio.
Según el caso, las defensas pidieron la excarcelación, el sobreseimiento y hasta el arresto domiciliario. De los ocho detenidos solo dos evitaron ir a la cárcel por el momento: el sargento Rodríguez y el cabo Méndez, quienes fueron beneficiados con prisión domiciliaria.
En su exposición final, el fiscal Amad respondió con ironía el hecho de que ningún gendarme se hiciera cargo del dinero incautado: “Es como si algún filántropo o acaso el Gran Bonete aparecieron y dejaron dinero en bolsos y mochilas que solo los acusados podían tener acceso”.
En Tucumán
El puesto de control de Trancas, en Tucumán, es uno de los puntos más confictivos. Allí trabajaban doce de los veinte gendarmes sospechados por el escándalo de las coimas.
En julio pasado, mientras avanzaba la investigación, se produjo un incidente tan curioso como violento. Los gendarmes interceptaron un micro que venía de un tour de compras que supuestamente evitó el control rutero de Trancas. Según la versión oficial, en momentos que los pasajeros bajaban de la unidad para ser identificados el micro comenzó a incendiarse.
El diario La Gaceta de Tucumán reveló que una de las hipótesis del caso apuntaba a que podría tratarse de un incendio intencional porque supuestamente trasladaban droga.
Lo curioso es que los ocupantes de la unidad reconocieron que habrían pagado una coima en un control rutero anterior para que nadie los detuviera, otra señal que indica que el aparato de recaudación estaba activo en otros puestos de control, además de los investigados.
Por Leandro Nieva para Perfil
