La causa por la cual es ajusticiado un juez de control, es de las más insólitas, pero además se suceden casi a diario pero en este solo caso se la elevó a juicio. Se trata de un hecho donde el actual juez de control Jorge Zurueta, es imputado por el delito de "encubrimiento agravado".
JUDICIALES19 de junio de 2024
El Expreso de Jujuy
El caso fue "investigado" por el Ministerio Público de la Acusación y lo lleva adelante el Tribunal Criminal Número 1, con la presencia de la Dra. Barrios.
En el medio hay un claro tinte político, con un juicio prácticamente armado donde se acusa a otro magistrado, que fue funcionario del ex gobernador Eduardo Fellner, de encubrimiento real y personal agravado por su condición de funcionario público.
Durante la primera audiencia se recibieron declaraciones testimoniales de personas que presenciaron los hechos.
Según los relatos, en la madrugada del día 17 de julio de 2015, ocurrió un accidente de tránsito aproximadamente a la 1:30.
El doctor Zurueta, quien en ese momento era Secretario de Seguridad, llegó casi simultáneamente con la policía al lugar del accidente.
Se le acusa de haber ordenado que dos de los ocupantes de uno de los vehículos implicados, amigos suyos, abandonaran el lugar sin someterse a un control de alcoholemia, mientras que los ocupantes del otro vehículo fueron arrestados y esposados.
El delito de encubrimiento se relaciona con el ocultamiento de las lesiones culposas en accidente de tránsito, ya que los dos amigos del imputado, que iban a bordo de una camioneta, embistieron un Volkswagen Gol blanco en la intersección de las calles Otero y Alvear.
La omisión del control de alcoholemia impidió recabar pruebas esenciales para la investigación, consideró el MPA y por eso elevó la causa a juicio que se lleva a cabo actualmente.
Zurueta tuvo duros cuestionamientos con el titular del MPA, el fiscal Sergio Lello Sanchez, quién habría promovido esta instancia judicial con el solo objeto de truncar su carrera judicial.
La instancia judicial duró prácticamente tres años y en todo ese tiempo no se pudo reunir las pruebas suficientes para generar una causa y elevar a juicio. Finalmente los plazos procesales hicieron extinguir la acción penal, quedando en evidencia que “hubo injerencia en el poder político”, para amedrentar o presionar a las organizaciones sociales en lucha.
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