GREMIOS CONMEMORAN LOS 22 AÑOS DEL "ARGENTINAZO" CON UNA MARCHA PACÍFICA

El 20 de diciembre el pueblo salió masivamente a las principales calles y plazas de todo el país y dijo basta, al grito de “que se vayan todos”. La represión a esa jornada de lucha cobró la vida de 39 manifestantes y hubo más de 500 heridos, en el marco de un estado de sitio decretado por el ex presidente De la Rúa.

Desde la Multisectorial,  advirtieron al actual Gobierno Nacional "que el Derecho a la Manifestación y a la Petición es un Derecho consagrado no sólo en la Constitución Nacional del año 1994 vigente, sino en los Tratados Internacionales de los cuales la República Argentina está adherida".

"Esa Constitución Nacional y eso Tratados en su conjunto están por encima de cualquier otra norma y si el gobierno nacional hace honor a la máxima “nada fuera de la Ley, todo dentro de la Ley” debe cumplir con los derechos y garantías consagrados fundamentalmente en esas normativas, que obligan al Estado a garantizar el cumplimiento de los derechos y no, como se pretende, a restringirlos o a impedirlos" sostuvieron en un comunicado de prensa.

Ademas rechazaron "el Protocolo que diera a conocer el Ministerio de Seguridad de la Nación, dado que tiene la intención política de asociar al derecho a la manifestación con actos de violencia; es un mecanismo de intimidación pública que pretende identificar a los manifestantes para luego sancionarlos, criminalizando la protesta social".

Recordaron que "en la Provincia de Jujuy, conocemos sobradamente este tipo de mecanismo de intimidación y disciplinamiento, dado que aquí el Código Contravencional que se emplea como el Protocolo de Bullrich, tiene rango constitucional luego de la Reforma impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales".

recordaron que "a través de este mecanismo, se pretendió anestesiar y doblegar la voluntad de lucha de amplios sectores de la sociedad que se enfrentaron a la pérdida de derechos consagrados y al autoritarismo gubernamental. Estos Códigos o Protocolos son una expresión de prepotencia y violencia institucional, evidencian un profundo desprecio a la democracia y son el síntoma de gobiernos cobardes que le temen a los pueblos que manifiestan contra políticas de saqueo y hambre". 

Finalmente recalcarkn que "existe una crisis económica y no acordamos con que la paguen los sectores populares. Existen alternativas como, por ejemplo, que paguen mayores impuestos y regalías los sectores sociales más ricos, las trasnacionales mineras y petroleras, las empresas importadoras y exportadoras, los bancos etc. que son los que más recursos tienen y nunca perdieron durante las crisis".