El Poder Ejecutivo nacional prorrogó hasta esa fecha el plazo para que la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy eleven su informe al Congreso y a la Corte Suprema.
JUJUY02 de noviembre de 2023
Fernando Burgos
Así fue establecido a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
En sus considerandos, el Decreto 565/2023 indica que "la tarea de la citada Comisión en territorio jujeño en pleno desarrollo del calendario electoral podría ser interpretada como un intento de captación del voto ciudadano a favor de algunos de los candidatos o en contra de otros", por lo cual establece la prórroga del plazo para que la comisión produzca un informe final.
Además, señala que esa situación, "además de contravenir el Código Electoral Nacional, puede deslegitimar el accionar de la Comisión en un tema tan importante como lo es las posibles violaciones a los derechos humanos cuyas denuncias la Comisión debe recabar".
"En virtud de ello, se hace necesario establecer una prórroga del plazo estipulado en el artículo 4° del Decreto N° 435/23 para la presentación del informe al que se hace referencia en el inciso c. del artículo 2° del mismo, fijando dicha prórroga hasta el día 5 de diciembre de 2023, de manera que la Comisión pueda cumplir con sus valiosos objetivos sin interferir en el proceso electoral", precisa el Decreto.
Ante los hechos represivos que se sucedieron en la provincia en el marco de las protestas suscitadas tras la aprobación de la reforma de la Constitución local impulsada por el gobernador Gerardo Morales, el Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 435, la creación de una comisión con el propósito de recibir denuncias sobre posibles casos de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad locales.
La promulgación de la Carta Magna en una sesión de una Asamblea Constituyente provincial que se realizó a puertas cerradas el pasado 20 de junio, desató protestas de organizaciones sociales, sindicatos y comunidades originarias que denunciaban que las modificaciones limitaban el derecho a las protesta y la propiedad comunitaria de los pueblos ancestrales.
En este contexto, la Comisión asumió la función de recibir las denuncias de hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos contra manifestantes en la protesta contra la reforma de la Carta Magna local.
La tarea de esta organismo será la de elaborar un informe que deberá ser entregado al Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos, y obliguen al gobierno de Jujuy a respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Según el decreto 435, la Comisión es coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y está integrada por expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, además de disponer la invitación de organismos internacionales de derechos humanos, Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Unicef y Amnistía Internacional como veedores.
Podólogas y estudiantes realizaron valoraciones, enseñaron autoevaluación, advirtiendo sobre la importancia del uso de un calzado adecuado para evitar lesiones graves y amputaciones.
Tras una intensa jornada, el frente Generación Universitaria se impuso con el 80% de los electores, las elecciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Después de seis años sin renovación de autoridades, los estudiantes eligieron a sus nuevos representantes para conducir el Centro de Estudiantes.
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.
El gobierno de la provincia cerró el año otorgando un mínimo aumento salarial del 2,5% y un bono de fin de año de 300 mil pesos, además de algunos otros ítems que solo repercuten en algunos sectores. El descontento de los gremios estatales es evidente, pero no hay reacción de ningún sector, solo manifiestos, paros que no inciden en ningún sentido en la actividad económica de la provincia y no afectan en nada al gobierno.
Después de seis años, en la Facultad de Humanidades volvió a realizarse elecciones para renovar 15 integrantes del Centro de Estudiantes. Durante toda la mañana el acto se desarrolla con total normalidad, más allá del clima caldeado en que se llega a esta instancia.
La Fiscalía que investiga al empresario Oded Kindermann por distintos hechos de abuso, modificó la imputación del mismo a abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda, con lo cual también se amplió la prisión preventiva por 30 días, razón por la cual continuará privado de su libertad.
Un menor de 15 años casi pierde la vida tras ser agredido el pasado fin de semana, en inmediaciones del Hospital Snopek donde fue atacado por una patota integrada por jugadores de un club de rugby y un estudiante de la Escuela de Policía. En horas de la tarde de esta jornada el mismo grupo volvió a citar al menor en el mismo lugar, probablemente para volver a agredirlo y fueron detenidos.
Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.
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Las instalaciones del estadio “23 de Agosto”, fueron escenario de un encuentro regional de dirigentes del fútbol femenino, convocado para afianzar la construcción de una plataforma que lleve a la categoría a los planos mayores.