La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió hoy el debate por la creación de una Comisión Bicameral para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy, con la exposición de comuneros indígenas, abogados, docentes y víctimas de los avances represivos, quienes responsabilizaron al gobierno de Gerardo Morales por esos hechos.
POLITICA03 de agosto de 2023
El Expreso de Jujuy
El encuentro, que se desarrolló sin la presencia de los diputados de la oposición, fue presidido por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT), Paula Penacca, quien ratificó el compromiso del oficialismo de "acompañar las denuncias y de la Secretaría de Derechos Humanos ante organismos internacionales" ante la "represión brutal que se dio en Jujuy en el marco de la sanción de una nueva Constitución provincial".
"Vamos a necesitar el acompañamiento para que esta Cámara se ponga en sintonía con poder acompañar este proceso en Jujuy para que estén garantizados los derechos de todos y de todas. Seguiremos trabajando", aseveró Penacca al término de la reunión que se extendió por casi cuatro horas.
Julio César Maldivieso, referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy que marchó desde La Quiaca a Buenos Aires para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma, sostuvo que "no hemos tenido participación" en la reforma provincial, y dijo que "no sólo las comunidades indígenas nos movilizamos sino los trabajadores jujeños para defender los derechos de toda la ciudadanía jujeña contra la violencia institucional".
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por su parte, vía Zoom, pidió que "se termine la represión" a los pueblos originarios y a los docentes, y dijo que "lo que está haciendo Morales tiene que ver con los recursos y los bienes que no le pertenecen a él sino al pueblo: el litio, la megaminería, el medio ambiente. Hay que revertir esta situación. Morales no es el dueño de los recursos sino el pueblo".
Armando Quispe, también referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy, denunció al gobierno de esa provincia "por no respetar los derechos vigentes" y aseguró que "el Estado provincial ha continuado con esta persecución, amenazas y armado de causas. Queremos que esta comisión haga una denuncia ante organismos internacionales. El gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, reprimir, tiene un tinte de carácter de racismo".
A su vez, Liam Mijael Lamas, víctima de la represión en Jujuy, pidió justicia "para que no se vuelva a repetir" y llamó a Morales que "se acerque a dialogar con las comunidades y que vaya y dé la cara, que no mande a sus secuaces ni a la policía a reprimir".
Olmos Desiderio, referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy, perteneciente a la comunidad indígena de Tilcara, rechazó la reforma de Morales y sostuvo se trata de una reforma "inconstitucional e ilegal", a la vez que advirtió que contempla "la privatización del agua, con la cual nos están condenando al exilio y desaparición como cultura".
La legisladora nacional de Jujuy y precandidata a senadora de Unión por la Patria (UxP), Leila Chaher, afirmó que esa provincia "es el caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer en el país. Lamento que no estén legisladores de la oposición para escuchar lo que se vive en la provincia", señaló y y dijo que "presentamos este proyecto para crear esta bicameral para investigar los abusos y violación de los derechos humanos. Estas denuncias las venimos presentando hace 8 años. Morales ha degradado las instituciones de una manera muy peligrosa".
Por su parte, Silvana Llanes, abogada de Joel Paredes, víctima de la represión en Jujuy, remarcó que "no somos delincuentes", manifestó que "veo perjudicada mi profesión porque no tenemos la libertad para ejercerla" y señaló que "estamos lidiando contra un monstruo. No hay división de poderes, ni justicia, no existe la imparcialidad, Estamos totalmente amenazados, perseguidos. Basta de represión y de este gobernador. Arriba Jujuy".
Fernando Chiri, de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), afirmó que "llevamos 8 años sin manifestarnos" y afirmó que "vamos a seguir al lado de esta lucha y seguimos buscando recomposición salarial que corresponde. El pueblo es protagonista de su destino".
La integrante de Sadop, Marcela Cura, relató que "somos todos el mismo pueblo que estaba pidiendo lo mismo y terminamos pidiendo por esta reforma que se fue cocinando con muy poca claridad", y recordó que "llevábamos 8 años sin ingresar a la paritaria. Si bien hubo un acuerdo con la firma de un acta, una vez más no se llegó finalmente a ningún acuerdo. Seguimos marchando y reclamando".
Asimismo, la diputada del FdT por Salta, Verónica Caliva, destacó que el proyecto de Chaher "es fundamental para poder investigar todas estas violaciones de derechos humanos que se están relatando", y adelantó que "ya está listo el proyecto para declarar de interés del Congreso al Tercer Malón por la Paz", así como "la creación de una comisión para abordar demandas históricas de las comunidades indígenas".
También, vía Zoom, Orlando Carriqueo, referente indígena de la comunidad Mapuche Tehuelche de Río Negro, sostuvo que "venimos a plantear que la democracia no logra resaltar la composición social que tiene la Argentina" y sostuvo que "el derecho a la participación se enmarca dentro de los derechos que tenemos. Los pueblos indígenas no hemos logrado esa representación".
Joel Paredes, víctima de la represión en Humahuaca, pidió que Morales "se haga cargo y dé la cara y que se arregle esto pronto, Justicia para todos".
Por su parte, el diputado nacional del FdT, Juan Marino, hizo referencia al "jujeñazo que se está manifestando, en una verdadera pueblada que continúa en la provincia" y destacó la importancia de que se declare "la inconstitucionalidad de esa reforma", a la vez que advirtió que "Morales usa la represión para su precandidatura a vicepresidente".
Camila Muller, referente del Colectivo Artistas en Lucha, víctima de la policía de la provincia que ingresó a su domicilio, aseguró que "la reforma viene a legalizar esta mano represiva de Morales que empezó hace 8 años atrás" y denunció: "Estoy acá porque hace dos semanas entraron por segunda vez en mi casa y mi vida corre peligro".
Asimismo, Santiago Zamora, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), advirtió que "están usando la Constitución para reprimir al pueblo y a las manifestaciones sociales" y manifestó su preocupación "por el tono que tiene esa Constitución para saquear los recursos naturales.
En tanto, la diputada nacional, Mónica Macha, presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, advirtió sobre "el intento de avanzar sobre bienes naturales que nos corresponden", y abogó por "una construcción distinta con las diferentes culturas y espiritualidades, es una responsabilidad de los gobiernos y un reclamo a toda la sociedad".
El titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Mormoni, por su parte, consideró que los pueblos originarios "están luchando por el territorio", afirmó que "hay un tema de discriminación y xenofobia que tenemos que trabajar", sostuvo que "de ninguna manera el indígena es violento", y pidió el tratamiento del proyecto d ley de Propiedad Comunitaria".
En los últimos días una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunió con víctimas que estuvieron detenidos tras los incidentes por la reforma. Además, recibieron un petitorio de parte del Malón de la Paz, una organización compuesta por pueblos originarios.
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