
PIÉ DIABÉTICO, PROMUEVEN SU CUIDADO PARA EVITAR AMPUTACIONES
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Desde la localidad de Caspalá partió hoy en horas de la mañana una marcha de pobladores quienes salen desde su territorio hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, en protesta contra la confiscación de tierras indígenas.
JUJUY13 de febrero de 2023
Fernando Burgos
La movilización recorrerá el Valle de Caspalá, Santa Ana, Valle Colorado, Valle Grande , Pampichuela, San Francisco y finaliza en la casa de Gobierno en la capital jujeña.
“Será nuestra primera experiencia por la cálidos y húmedos Valles del oriente. Donde estuvieron las huestes del incario. No son tierras desconocidas para el mundo indígena andino, porque son parte de la andinidad” sostuvieron los referentes del pueblo indígnea que en los últimos años se vieron atropellados en sus derechos por distintas acciones del gobierno provincial que atentaron contra la tranquilidad, la forma de vivir y las costumbres de ese poblado.
“Marchamos contra las políticas extractivitas colonialista, abajo la criminalización de la lucha de los Pueblos indígenas” sustentaron en la protesta.
Según argumentaron, el Estado Provincial ha cometido todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos en nuestro Territorio Comunitario de Caspalá (Dpto. Valle Grande). “Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han tejido una compleja trama para tomar nuestras tierras bajo la excusa de utilizarlas en “fines sociales”. El pensamiento, el método y las formas utilizados por el Estado Jujeño en Caspalá se contradicen mucho con la democracia y el respeto a los derechos humanos en Pueblos Indígenas” sostuvieron en un comunicado.
“Por ello, el Gobierno Provincial ha omitido la participación, consulta y consentimiento (Art. 75 Inc. 17 CN y Ley 24.071) de la Comunidad de Caspalá. Así también, ha instalado un sitio policial en todo el Pueblo seguido de continuas maniobras violentas de hostigamiento y persecución, entre otros procederes ilegales. Tratos crueles e inhumanos” denunciaron públicamente describiendo como parte de la realidad en la que viven actualmente.
Destacaron además que “ante ello, hemos realizado todo tipo de denuncias ante las mismas instituciones estatales que diariamente violan nuestros derechos. Por supuesto, sin resultado alguno. Por lo que en esta ocasión marchamos en señal de protesta desde nuestro territorio de Caspalá, pasando por los valles orientales, hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy. Con la ilusión de que el Pueblo jujeño y argentino escuche todas las injusticias contra nuestras familias indígenas. Con la esperanza de que los funcionarios estatales reflexionen y ya no nos hagan más daños”.
Consideraron que el principal problema con la comunidad, “nace hace casi tres meses cuando el Estado Jujeño ha tomado y sitiado el Pueblo de Caspalá imponiendo un cierto terrorismo de Estado- con el “objetivo” de “construir” una escuela secundaria y una cancha de fútbol (luego han sumado un centro de la cultura o algo así). Primero, el Gobernador ha tomado por asalto nuestra Cancha de deportes y espacio cultural y social para “construir la escuela secundaria”. Es un espacio de uso común y comunitario que pertenece a una de las familias de la Comunidad de Caspalá. El Gobierno ha usurpado para dejarnos sin un espacio de deportes a la comunidad. Segundo, el Gobernador Morales, la Legislatura y la Justicia han expropiado y tomado por asalto un lote de la familia Cruz-Chapor para erigir una cancha de fútbol. Han destruido y saqueado sus sembrados y zonas de pastajes familiares, han derribado árboles autóctonos (cermonia). Y pretenden expulsar a la calle una familia con siete hijos (tres de ellos menores)”.
Explicaron además que “esos niños indígenas viven atemorizados en lo poco que les queda. Tercero, sin escuchar las advertencias y las súplicas de la Comunidad de Caspalá, los operarios de Morales –a sabiendas- destruyeron un Antigal (lugar sagrado). En donde, ahora, para disimular su inoperancia, los funcionarios intentan hacer un centro de interpretación de la cultura en dicho lugar. Una vez más, sin respetar los derechos de la Comunidad, sin respetar el derecho a la identidad y el derecho a la espiritualidad. Cuarto, todas estas maniobras han sido apoyadas por los distintos Ministerios (Educación, Cultura, Seguridad, Salud) de la Provincia de Jujuy y, especialmente, la Comisión Municipal de Caspalá. Así, muchos indígenas sufren la persecución y hostigamiento diarios (sumarios, sanciones, despidos, despojos) de dichas instituciones”.
Plantearon como solución a este conflicto que “no era necesario montar una trama de violencia para solucionar el problema de la ubicación de la Escuela Secundaria en Caspalá. La misma Comunidad y la Comisión Municipal lo tenían resuelto desde 2015. Cuando se entrega al Estado Provincial (Decreto Municipal N° 89/2015) un lote de amplias dimensiones para la construcción de dicha escuela. El Gobernador, sin explicitar razones, se rehúsa a construir la escuela secundaria en dicho lote. No era necesario tomar por la violencia tierra ajena al Estado para construir una escuela. No era necesario destruir nuestra cancha de deportes para erigir una escuela”.
Además reconocieron que “no era necesario expropiar tierras a una familia indígena para hacer una cancha de fútbol. Menos aún un centro de cultura o lo que se pretenda. Nosotros, la Comunidad de Caspalá ya teníamos y tenemos una cancha de deportes. Y ya tenemos el lugar para erigir la escuela secundaria. Es más, si el objetivo es hacer obras de bien en Caspalá, podríamos trabajar con el Estado para mejorar nuestra cancha de fútbol y para erigir la escuela secundaria en el terreno ya donado al Estado”.

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Tras una intensa jornada, el frente Generación Universitaria se impuso con el 80% de los electores, las elecciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Después de seis años sin renovación de autoridades, los estudiantes eligieron a sus nuevos representantes para conducir el Centro de Estudiantes.

Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.

El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.

El gobierno de la provincia cerró el año otorgando un mínimo aumento salarial del 2,5% y un bono de fin de año de 300 mil pesos, además de algunos otros ítems que solo repercuten en algunos sectores. El descontento de los gremios estatales es evidente, pero no hay reacción de ningún sector, solo manifiestos, paros que no inciden en ningún sentido en la actividad económica de la provincia y no afectan en nada al gobierno.

Después de seis años, en la Facultad de Humanidades volvió a realizarse elecciones para renovar 15 integrantes del Centro de Estudiantes. Durante toda la mañana el acto se desarrolla con total normalidad, más allá del clima caldeado en que se llega a esta instancia.

La Fiscalía que investiga al empresario Oded Kindermann por distintos hechos de abuso, modificó la imputación del mismo a abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda, con lo cual también se amplió la prisión preventiva por 30 días, razón por la cual continuará privado de su libertad.

Un menor de 15 años casi pierde la vida tras ser agredido el pasado fin de semana, en inmediaciones del Hospital Snopek donde fue atacado por una patota integrada por jugadores de un club de rugby y un estudiante de la Escuela de Policía. En horas de la tarde de esta jornada el mismo grupo volvió a citar al menor en el mismo lugar, probablemente para volver a agredirlo y fueron detenidos.

Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.

La UCR podría partirse otra vez en diciembre y quedarse con el bloque más chiquito de la historia del radicalismo, por lo menos, desde el retorno de la democracia. Mientras Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés miran con ansias sus propias chances de suceder a Martín Lousteau en la presidencia del partido, los 12 diputados radicales que permanecerán en la Cámara Baja no encuentran razones para unirse, pese a los esfuerzos que desde el entorno de varios legisladores presumen que hacen.

Diego Santilli buscará reunirse esta semana con el gobernador Carlos Sadir para asegurar apoyos para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral antes del inicio de las sesiones extraordinarias.