La 11° Sesión Ordinaria se realizará mañana miércoles desde las 10 hs. y está previsto tratar dos proyectos de ley relacionados a la reforma judicial: la Ley Penal Juvenil y puesta en funcionamiento de los Tribunales Unipersonales de Familia. Además tomará Estado Parlamentario el presupuesto 2023 y se aprobaría la ley sobre la generación distribuida de energía renovable.
POLITICA15 de noviembre de 2022
Fernando Burgos
En reunión de la comisión de Legislación General se acordó los proyectos que se pondrán en discusión mañana, sobre la creación de los juzgados de ejecuciones fiscales, la puesta en funcionamiento de los tribunales unipersonales de familia y los lugares compuesto por la cámara de apelaciones.
También se aprobó un despacho unificado sobre acoso callejero; la adhesión a la ley nacional de régimen dominial de integración socio urbana; la ley provincial de la magistratura del trabajo y también se sacó despacho a la generación distribuida de energía renovable.
En relación con los juzgados de ejecución fiscales se estableció la forma en que se van a poder hacer las designaciones y apertura de las nuevas vocalías y eso entrara en concurso.
En cuanto a los lugares compuesto por la cámara de apelaciones acordó que la integrarían los jueces con mayor antigüedad dentro del poder judicial, situación que debe ser aprobada por la cámara.
En referencia al acoso callejero se estableció bien cuál es la “figura base y el agravante” y el agravante estaría establecido por “cuando se comete el hecho” a una persona menor de 16 años y si el hecho es cometido por dos o más personas.
Se confirmó que lo recaudado por ese concepto de multas estaría destinado en un 50% “a las políticas públicas de prevenir y fortalecer todo lo que se viene haciendo en relación al acoso callejero que lleva adelante la Secretaría Provincial de la Mujer.
En relación con los tribunales de trabajo explicó se estableció la conformación, la integración y procedimiento interno que se llevan adelante.
Educación
La Comisión de Educación recibió a Fernanda Montenovi, secretaria de Equidad Educativa del Ministerio de Educación, y al equipo de trabajo del SAE para avanzar sobre iniciativas que prevengan el acoso, el bullying y el ciberbullying.
Montenovi solicitó a los legisladores la adhesión de la provincia a la Ley N°26.892 de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas.
Al respecto, María Teresa Ferrín, presidenta de la Comisión, señaló “ante distintos proyectos presentados por diputados y diputadas, recibimos a la secretaria de Equidad Educativa, que es quien evalúa estos temas, y al equipo de trabajo del SAE que es el servicio de atención escolar que tiene distintos programas y que hacen un abordaje territorial en estos temas en las distintas escuelas, tanto públicas como privadas. Brindaron un detalle pormenorizado de cómo trabajan, cómo intervienen en las escuelas, de qué forma trabajan en red, comunicación y coordinación con otros ministerios”.
La legisladora explicó que “la adhesión a Ley N°26.892 va a permitir solicitar fondos de nación, porque es tanta la complejidad de las escuelas y son pocos los profesionales que están trabajando para abarcar las múltiples problemáticas que se dan”.
La Ley establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia, así como el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles.
Ferrín sostuvo que “les interesa porque los fondos se van a convertir en la posibilidad de tener mayor cantidad de profesionales”.
La cifra surge del presupuesto provincial que se pondrá en discusión la próxima semana. El diputado provincial oficialista, Santiago Jubert admitió que esos recursos pueden llegar a la provincia a través del un compromiso del Presidente de la Nación y se destinaría a cubrir distintos gastos de funcionamiento del estado provincial.
En reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación General, se presentó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y se análisis el proyecto de creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento.
Si bien esa posibilidad no está contemplada en la Constitución jujeña, sostuvo que sería el método más transparente para designar jueces que no estén vinculados con sectores políticos.
El Senador jujeño por La Libertad Avanza, destacó el apoyo del gobernador Carlos Sadir a las reformas que se impulsa desde el gobierno nacional en materia laboral, además del tratamiento que está teniendo en el Congreso el Presupuesto 2026.
La disputa interna entre Leila Chaher y Carolina Moisés por el control del Partido Justicialista, distrito Jujuy, estuvo a punto de generar un quiebre en el bloque peronista del Senado. La acertada intervención del titular a cargo del partido a nivel nacional, José Mayans hizo que se tranquilizaran las aguas.
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Los asociados al colegio de enfermeros de Jujuy, reclamaron la normalización de la institución que regula la actividad de la enfermería en Jujuy y que actualmente está atravesando un proceso judicial, tras denuncias entre la Presidente y miembros de la Comisión Directiva por la pérdida de sumas millonarias de dinero.
Daniela Mamaní fue hallada sin vida, boca abajo y con el estómago abierto. Estaba sin ropa interior, por lo que se presume que habrían intentado violarla, pero estaba indispuesta. En la pequeña habitación donde habitaba, se encontró un cuchillo tipo tramontina, el cual se habría usado para matarla. El asesino se entregó a la policía a media mañana y quedó detenido.
El cierre del ex Banco Provincia en el año 1997 dejó un saldo que todavía no puede ser subsanado. Son sus trabajadores que todavía reclaman la propiedad participada, un derecho que le pertenece, que fue judicializado y ganado en todas las instancias, pero que no se hace efectivo por decisión de las autoridades del estado provincial.
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El jurado popular de Chaco condenó al "clan Sena" por el asesinato y posterior encubrimiento de Cecilia Strzyzowski, en junio del 2023. La Fiscalía había pedido la condena de todos los acusados, pero la definición de la pena quedó a cargo del juez.