El Expreso de Jujuy
Dra. Claudia González, presidente de la entidad que agrupa a los letrados de toda la provincia, consideró que el proyecto de ley atenta contra el “patrimonio de las personas”, es inconstitucional y viola normas internacionales.
La directiva estuvo en la Legislatura de la provincia donde solicitó audiencia con distintas Comisiones para evitar que se avance con esta iniciativa. “Nos sorprendimos el día viernes con este proyecto de ley que es una irresponsabilidad del estado respecto a las deudas consolidadas con sentencias firmes y consentidas. Este proyecto avanza sobre las facultades que son propias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, viola la constitución provincial, la constitución nacional, compromete la responsabilidad del estado Nacional; no nos olvidemos que tenemos tratados internacionales con los que forman parte de la constitución nacional” consideró González ante los medios de prensa.
Dijo además, que Claramente se pretende avanzar “con lo que es el patrimonio de una persona”, “porque un ciudadano que obtiene una sentencia favorable, que es el reconocimiento de un derecho, se incorpora a su patrimonio y no se lo puede tocar nadie”.
En ese sentido, recalcó que “en este proyecto se está diciendo que se suspenden los trámites, que no se van a ejecutar las sentencias y que en el caso que hubiera fondos ya depositados en el Banco Macro, porque se ha trabado un embargo y son fondos que ya salieron de la cuenta única, se le está ordenando al Gerente que no pague esa orden que ya ha sido emitida por un juez”.
Pero además sostuvo que “contempla como única excepción el caso de agravamiento de un estado de salud de una enfermedad pre existente con un tope mensual de 100 mil pesos. Tenemos que pensar que un tratamiento de alta complejidad sea quirúrgicos o no, ese monto no es nada. Si mañana a una de estas personas que ya tienen una sentencia favorable por una indemnización, por una muerte, por despido, por accidente laboral que tiene todo el derecho a cobrar ese monto de dinero que está necesitando para la salud propia o para alguno de los familiares, se le está limitando al punto que solo le permitirían retirar 100 mil pesos por mes con lo que no resolvemos en nada”.
Sostuvo que también queda el otro aspecto de los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy, “Si necesitan recurrir a un amparo de salud para la cobertura integra de un tratamiento, hablemos de un trasplante que supera los 300 mil pesos, no podrían hacerlo ni demandar al Estado Provincial para hacer eso. Normalmente por medio de una medida autosatisfactiva, lo que hacemos los abogados es conseguir que el juez ordene la inmediata cobertura, porque hablamos de salud, hablamos de riesgo de muerte de una persona, conseguimos que el juez ordene la cobertura integra del tratamiento, y después discutimos la cuestión de fondo, si el afiliado debe pagar un coseguro, como lo va a pagar, si va hacer en cuota, etc.”
El proyecto de ley también avasalla contra los honorarios de los abogados litigantes contra el Estado. “No venimos a pedir una excepción, porque también estarían incluidos el tema de los honorarios de un abogado, porque eso es un tema menor en este caso. El abogado que trabajó y litigó durante diez años y tiene los honorarios reconocidos por sentencia, tiene todo el derecho a cobrar. Según la ley de honorarios que aprobó esta misma legislatura, tiene un carácter alimentario. No venimos hacer una defensa corporativa o de clase, venimos a defender el derecho de todos”.
Llama la atención que no se haya consultado al Superior Tribunal de Justicia sobre este proyecto, al igual que al Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrado porque esta ley avanza sobre todos estos sectores. “El proyecto entró la semana pasada, no hay tiempo, se está haciendo todo para tratarlo esta semana, por eso nos consideramos en estado de alerta”.
Con respecto al posible tratamiento del proyecto en la próxima sesión legislativa, dijo que “se pidió una reunión con la Comisión de Asuntos Institucionales y de Legislación. Confiamos en que inadvertidamente y con solo leer un proyecto que tiene 10 artículos y que tiene hasta la ridiculez, que dice el art´. 8 donde se invita a los municipios y a las comisiones municipales a adherir y en el artículo 9 dice que la ley es de orden público. Sabernos que la ley de orden público no necesita la adhesión de nadie. A que estamos jugando, si es por técnica legislativa está hasta mal redactado” puntualizó.
Consultada la letrada si corresponde el Juicio político al gobernador, no dudó en afirmar que “es lo que correspondería” pero también está la responsabilidad de los legisladores, “para mí no hay forma de justificar por parte de uno de los diputados, con mayor razón de extracción sindicalista, los diputados que forman parte de la Comisión de Salud que saben cuál es el estado de salud de nuestra provincia, cómo van a levantar la mano para votar este proyecto”.
Insistió en que “no pueden venir a transformarse en una escribanía y decir, voto por disciplina partidaria, voto por mi partido. Tienen que pensar, asesórense, esto es inconstitucional”.
Finalmente consideró que “evidentemente lo único que podemos especular, es que como no hay plata se elige no pagar a la gente que ya tiene reconocido un derecho nada menos que por el poder judicial”.
