El conflicto data de 2017, cuando el Gobierno provincial impulsó una ley para transformar una designada "Área Natural Protegida" en "Área de Desarrollo Sostenible", lo que derivó en un amparo ambiental y colectivo para declararla inconstitucional y que se encuentra actualmente en tratamiento de la Corte Suprema.

Pese a ese contexto, la Legislatura local trató y aprobó ayer la modificatoria de un artículo de la ley, enviada por el Ejecutivo sobre la administración de los ingresos a generarse de la concesión y/o adjudicación en propiedad y/o arrendamiento de las tierras ubicadas dentro de la zona, para lo cual se había establecido que sean depositados en un fondo fiduciario a crearse y que ahora quedó en manos del Gobierno.

"Esta modificación de la ley es una nueva artimaña del Gobierno provincial para la venta ilegal de este recurso natural que cuidamos entre todos y todas. No es más ni menos que un ataque a la flora, a la fauna y a la biodiversidad", expuso en un comunicado la organización jujeña, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Los objetores consideran que es un "negociado inmobiliario", que tiene "un impacto negativo en el plano ambiental, social, económico y cultural", según se reclamó durante una audiencia pública.

El Ejecutivo, por su parte, vincula el accionar a un nuevo circuito turístico en inmediaciones de los diques Las Maderas y La Ciénaga, en la ciudad de El Carmen, que apunta a generar en esa zona de perilagos una estructura hotelera y de servicios.

"A casi un año de la audiencia pública donde la localidad de El Carmen le ha dicho no al Proyecto Ecoparque La Ciénaga, el Gobierno Provincial en conjunto con la Agencia de Desarrollo Sostenible de Los Diques y el Ministerio de Ambiente intentan avanzar y despojarnos de las últimas áreas de bosque nativo de propiedad pública", demandaron desde la organización campesina.

La modificatoria tratada hoy en la Legislatura local, que deja en manos del Ejecutivo la administración de los ingresos a generarse, se dio en medio también de reclamos de la oposición en torno a que representa un "cheque en blanco" para el Gobierno y no asegura "transparencia".

La diputada Natalia Guevara (UCR) explicó que "por los altos costos del fideicomiso y las tasas bancarias", el Estado tendría pérdidas que ascenderían "al 10% del total recaudado", suma que "podría utilizarse para la inversión en infraestructura".

Con la modificación, según completó, "el Poder Ejecutivo queda expresamente facultado para administrar y disponer los ingresos que se obtengan, debiendo afectar los mismos a la ejecución de proyectos de desarrollo del área y de la provincia en general".

El diputado Alejandro Snopek, de Juntos por Jujuy (Frente de Todos), señaló que sacar el fondo fiduciario "lo que hace es quitar un órgano que controle que la administración de los recursos se haga de manera transparente y eficiente".

"Entendemos la necesidad de ahorrar recursos y por eso proponíamos crear una comisión compuesta por dos legisladores de bloques opositores y uno del oficialismo", agregó.