El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Jujuy reclamó “paz democrática” luego de denunciar el “secuestro” de un militante de la organización, evocando “las épocas más oscuras de la dictadura militar”, al tiempo que exigieron que se dé con los responsables y pidieron el análisis de por lo menos cuatro cámaras de seguridad en la zona del hecho.
JUJUY06 de agosto de 2022
El Expreso de Jujuy
“Basta de patotas paraestatales, aprietes y persecución”, demandaron a través de un comunicado de prensa, en el que relataron que, en la mañana del jueves, “un grupo de personas encapuchadas paró un vehículo al grito de ‘policía’, maniató y secuestró” a un compañero integrante del área Juventud Despierta y colaborador Prensa del Movimiento.
“Lo llevaron a una vivienda aparentemente particular y lo tuvieron encerrado más de 12 horas en una habitación sin luz, hasta que lo largaron en el mismo lugar y solo le robaron el chip del celular. La forma de proceder de los encapuchados era típica de formación policial”, agregaron en el escrito difundido en las últimas horas.
Asimismo denunciaron que en Jujuy "se vulneran los derechos humanos y no se garantiza la seguridad de sus habitantes”.
“Como venimos advirtiendo, en nuestra provincia se vive por estos días una serie de episodios que nos remontan a las épocas más oscuras de la dictadura militar: detenciones arbitrarias, allanamientos a domicilios particulares/centros comunitarios y secuestros de personas”, expresaron.
En ese sentido, recordaron que el episodio se da “en medio de un contexto provincial de criminalización a organizaciones sociales y frente a la avanzada de sectores del poder provincial con el armado de causas con la excusa de ser asociaciones ilícitas”.
“Hace pocos días, la Comisión de Solidaridad con los pueblos en defensa de los Derechos Humanos presentó un lapidario informe que describe la grave situación en Jujuy, donde no existe el Estado de Derecho. Repudiamos este tipo de prácticas violatorias a los derechos humanos que pone en riesgo a la seguridad de la población”, resumieron.
Ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, denunció el hecho, lo calificó como "un nuevo hecho de violencia política" y consideró que "no se pueden pasar por alto" este tipo de acciones "propias del terrorismo de Estado".
Tras la situación padecida por el joven B.R., durante la misma jornada del hecho se avanzó en radicar denuncia en Seccional del barrio Alto Comedero, de la ciudad capital.
"Recién anoche se logró la habilitación de expediente electrónico", según indicó hoy a Télam la abogada Alejandra Cejas.
Respecto a la investigación, a cargo del fiscal Darío Osinaga, instó a que en lo inmediato se identifique y detenga a los secuestradores, habiendo "dos cámaras del Gobierno de la provincia en donde se produjo el hecho, a las que se suman otras dos de negocios en las inmediaciones", que van a pedir se analicen.
La denuncia realizada es en contra de personas a establecer por secuestro, privación ilegítima de la libertad y hurto.
El hecho se dio alrededor de las 11 de la mañana del jueves en el ingreso al barrio 30 Hectáreas, de la zona de Alto Comedero, en la ciudad capital, más precisamente sobre colectora de la ruta nacional 66, a la altura de una chatarrera.
El secuestro fue protagonizado por tres sujetos que se trasladaban a bordo de un vehículo oscuro, de acuerdo con lo denunciado. Desde la defensa del joven pidieron aportar datos a quienes hayan presenciado lo ocurrido.
Los hermanos Patricio y Germán Neuss buscan dar un salto gravitante en el tablero de control del sistema eléctrico argentino y van por Transnoa, la transportadora de energía del Noroeste Argentino (NOA) que hoy está envuelta en una severa crisis operativa que disparó una inédita denuncia conjunta de Tucumán, Jujuy y Salta.
Alto Comedero cerró las Colonias de Vacaciones 2026 con una importante convocatoria y actividades simultáneas en distintos puntos del sector barrial. La propuesta recreativa y deportiva permitió a más de mil niños y niñas disfrutar de juegos, paseos y actividades durante el verano.
Según los pronósticos de las autoridades de turismo, el mes de febrero podría marcar un récord de visitantes a la provincia, por la promoción que logró en carnaval 2026. Enero fue un mes bastante favorable, cerró con más de 133 mil turistas y un impacto económico de $43 mil millones.
En el inicio de los corsos de San Pedro de Jujuy se realizó una campaña de promoción y prevención de la violencia de género en el marco de "Carnaval sin Violencias"
Múltiples acciones interinstitucionales y el compromiso de la comunidad con la tenencia responsable de mascotas sostienen este resultado en toda la provincia.
Es debido a que el dengue -característico del verano- y la gripe u otros cuadros respiratorios -habituales del invierno- se presentan de manera imprevisible.
Luego de un reclamo de vecinos y comerciantes de la localidad de Purmamarca se logró el compromiso del municipio para la realización del tradicional “Carnaval a caballo”, que promueve el músico purmamarqueño “Memo” Vilte y que por una desidia municipal, no se realizaba desde hace cinco años.
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 28 de enero, los interventores del Partido Justicialista, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, decidieron suspender la afiliación de los dirigentes Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Jenefes; además de suspender las elecciones internas prevista para el 15 de febrero y realizar una nueva convocatoria para el mes de abril.
En los últimos diez Años, la salud del peronismo jujeño pasó de ser pésima, a crítica, luego ingresó a terapia intensiva y hoy prácticamente está en una muerte súbita. Solo un milagro de la militancia puede salvarlo, pero se debe acabar con la intervención nacional, que solo aplica remedios o recetas que nada bien le hacen o empeoran la situación partidaria.
Aníbal y el Tano Menéndez la castigaron por enfrentar a Leila Chaher. El peronismo podría perder el tercio en el Senado.
La propuesta se conoció semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abordara públicamente el cierre de centros de detención señalados por violaciones a los derechos humanos en la capital venezolana