Organizaciones sociales volvieron a denunciar aprietes e intimidaciones a la hora de realizar una protesta social. Esta mañana, mientras se desarrollaba la marcha más de medio centenar de policías ocuparon la plaza Belgrano a fin de garantizar “seguridad”, según afirmó el encargado del operativo.
JUJUY27 de octubre de 2021
Fernando Burgos
Inmediatamente llegó la manifestación cerca del mediodía, cuatro efectivos policiales se acercaron a intimidar a las organizaciones de la marcha avisándole verbalmente que no podía permanecer en la plaza y se debían retirar. Quince minutos más tarde mientras se realizaba la protesta y los discursos, otros dos efectivos policiales llegaron con un acta de intimación para que se retiren del lugar, otorgándole un plazo de 15´para retirarse del lugar.
El acta fue leída por el oficial a cargo del operativo, a pesar de las explicaciones de uno de los referentes de las organizaciones que participaban de la marcha quién afirmó que en pocos minutos se retiraban. Como tampoco quisieron notificarse bajo firma, el acta fue dejada en el piso, sobre la vereda, con la firma del sub comisario Héctor David Calisaya, y la firma de la testigo Miriam Campos, también efectivo policial.
Marcha buena, marcha mala
Gonzalo Maurín, referente del movimiento “Nuestramérica”, denunció los aprietes que sufren las organizaciones de la economía popular por parte de los efectivos policiales cuando salen a marchar, mientras que los candidatos del Cambiemos, marcha en forma masiva por los Barrios capitalinos, impidiendo el libre tránsito de las personas y vehículos y no son sancionados.
Destacó Maurín que “No es que nos guste salir a la calle con 30 grados bajo el sol, pero entendemos que es necesario visibilizar nuestra problemática, porque cada vez que presentamos una nota o pedimos diálogo, te lo niegan. Cuando ayer estuvimos en la Secretaría de Desarrollo hubo dos cordones de policías que no dejaban avanzar, cortando la circulación en la calle. Llegando aquí fue exactamente lo mismo, con la infantería que está allí con los escudos esperando y las contravencional”.
En ese sentido, consideró que en Jujuy hay dos tipos de marchas. “Entendemos que hay marchas que son buenas como la que está haciendo el gobierno de Jujuy Gerardo Morales, la Ministra Natalia Sarapura y el Ministro Bouhid, donde en Alto Comedero estuvieron entregando volante y repartiendo votos. Estuvieron en la calle circulando, cortando el tránsito y dialogando con la gente. Pero parece que esas marchas están bien, donde no mandan policías ni contravenciones, y en estas marchas donde vienen los trabajadores y sindicatos a pelear salarios más justos, por dignidad y mejoras en sus puestos de trabajo, ellos son de la marcha “mala” y se termina criminalizando”.
Recalcó el dirigente que “Hay una cosa que está bien clara, que tiene que ver con la criminalización a la protesta social, un derecho constitucional que tenemos los argentinos, sin embargo en Jujuy parece que no se puede hacer”.
Valoró el derecho a la protesta afirmando que toda marcha es política. ““Dicen que es una marcha política, seguro que es política. Cuando pedís por salario, trabajo digno, mejora de fuentes laborales y todo lo demás es una marcha política porque tiene que ver con quienes nos gobiernan. La marcha que hacen ellos a la hora de hacer campaña es política, claro que sí. Nada más que una es buena, las del gobierno de Morales que pide voto y son marchas malas, aquella de los trabajadores”.
En Jujuy, médicos, psicólogos y representantes sindicales de hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte denunciaron la crisis en la salud pública y convocaron a la movilización de este martes frente al Congreso. Alertaron por renuncias masivas, precarización laboral y el vaciamiento de la salud mental.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
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Autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y representantes del CONICET denuncian un desfinanciamiento que paraliza la investigación, incluso en áreas estratégicas como el litio, y provoca una alarmante fuga de profesionales. Advierten que el presupuesto anunciado solo mantiene los valores de 2023 y no contempla la inflación ni la recuperación salarial.
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El intendente de San Pedro, Julio Bravo le reclamó al gobernador de la provincia, el envío en un plazo de 20 días, del anteproyecto de ley de Coparticipación Municipal, para que la legislatura comience su tratamiento y lo apruebe antes de fin de año.
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