El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, se reunió hoy con jueces y fiscales jujeños al cerrar una visita a la provincia norteña en seguimiento a la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de la dirigente Milagro Sala.
JUDICIALES06 de agosto de 2021
El Expreso de Jujuy
El funcionario avanzó en encender alarmas sobre "acciones desmedidas" en torno a la prisión domiciliaria que cumple la líder de la Túpac Amaru en su casa del barrio Cuyaya, en la capital provincial, y ante la "constantes iniciaciones de causas penales" que atraviesa.
"Resolvimos una agenda con entrevistas con distintos sectores del Poder Judicial jujeño por la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hace más de cuatro años", indicó Pietragalla, en diálogo con medios locales sobre su estadía en la provincia, encabezando una comitiva del organismo, y que inició ayer con una visita a Sala y una reunión con integrantes de organismos de derechos humanos.
El funcionario nacional agregó que los distintos encuentros se enmarcaron en un informe sobre el estado de situación de la prisión domiciliaria de Sala, que debe elevar la Secretaría a su cargo y para lo cual "se vence el plazo en los próximos días".
"La Corte IDH dice que hay un hostigamiento sobre una dirigente como Milagro Sala, tanto en el ámbito judicial como político. Eso es lo que le preocupa y por eso la medida sigue vigente", explicó el secretario sobre la respuesta que deben dar al organismo.
En torno al relevamiento realizado, avanzó en analizar que les preocupa la existencia de "acciones desmedidas en el arresto domiciliario" de dirigente de la Tupac Amaru, "por ejemplo, con guardias permanentes en su puerta, donde a cada persona que la visita se le toman todos los datos".
"Eso lo vemos como un exceso, ya que no hay arresto domiciliario en el país que se lleve adelante con tales características", puntualizó Pietragalla.
Además, puso de relieve las "constantes iniciaciones de causas penales" que viene atravesando la dirigente, y que preocupan no solo a la Secretaría a su cargo sino también a los organismos internacionales, por las "características puntuales" con las que se presentan.
En su visita a Jujuy, el funcionario también encabezó ayer en la ciudad capital un encuentro con distintos organismos de derechos humanos, donde, según comentó, se relevaron demandas y denuncias relacionadas a casos de "violencia institucional, faltas de garantías y persecución judicial", que también se abordaron hoy con los miembros de la justicia local.
En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar ayer a un recurso interpuesto por la defensa de Sala y ordenó que "se dicte una nueva resolución conforme a derecho" en la causa en la que fue condenada a tres años y medio de prisión por daños y amenazas, en el marco de un escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009, del que no participó.
La decisión fue adoptada por los jueces de la sala IV de la Cámara, que entendieron que la sentencia no estaba debidamente fundada, e hicieron lugar al planteo de la defensa de Sala, que sostuvo que se trataba de delitos prescriptos, por lo que correspondía dictar su sobreseimiento.
La mayoría conformada por los jueces Javier Carbajo y Liliana Catucci fue la que propuso anular la sentencia y reenviar el expediente al tribunal que intervino para que dicte un nuevo fallo, mientras que la jueza que votó de forma distinta fue Ángela Ledesma, quien directamente propuso declarar extinguida la acción penal y sobreseer a todos los acusados.
Lo que finalmente decidieron fue "anular el decisorio impugnado y reenviar las presentes actuaciones a su origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva resolución conforme a derecho", según consta en el fallo al que accedió Télam.
La resolución deja en manos del Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) el dictado de un nuevo fallo que sobresea a los acusados, toda vez que los jueces del tribunal superior compartieron el criterio de que la sentencia condenatoria fue arbitraria y que los delitos investigados estaban prescriptos.
Por esta causa, la líder de la Tupac Amaru fue condenada a 3 años de prisión en suspenso en 2016, pero el expediente pasó a la Cámara de Casación, que confirmó esa sentencia por el delito de daños, pero consideró que la prescripción de la acusación por amenazas estaba mal dictada y ordenó al TOF resolver una nueva sentencia.
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