La manifestación fue acompañada por distintas organizaciones de la provincia y demandó también la inmediata liberación de cinco personas detenidas ayer en medio de lo que fue, según denuncian, una "brutal represión", con el disparo de balas de goma, gases lacrimógenos y el despliegue de más de 300 policías.

"Basta de represión", "No a la criminalización de la protesta" y "Libertad ya a los detenidos" fueron algunas de las expresiones plasmadas en carteles por parte de los manifestantes, que recorrieron arterias de la ciudad capital, llegaron a la Casa de Gobierno provincial y a sedes judiciales.

El conflicto deriva de la determinación del Gobierno de Gerardo Morales de construir un establecimiento escolar en un predio del barrio Campo Verde, que vecinos de la zona señalan como el "único pulmón verde" del lugar y por ello buscan que se preserve.

"Cancha sí, escuela sí" es la consigna bajo la cual hace más de una semana se vienen manifestando, hasta con permanencias pacificas en el predio y que llevaron a un operativo de desalojo el lunes 8 y a otro en la jornada de ayer, ante el inicio de las obras de la escuela.

Ayer, la represión estuvo a cargo de más de 300 agentes de los cuerpos de infantería, caballería y otras divisiones de la policía de la provincia, y terminó con la detención de las cinco personas respecto de las cuales se reclama su inmediata libertad.

"El Gobernador cree que da una orden y todos tienen que acatar sin más lo que dice. Lo votamos para que vea lo que la gente necesita", dijo durante la manifestación la madre de uno de los detenidos, que además acusó que les están inventando causas para mantenerlos privados de su libertad y también apuntó contra los medios de comunicación locales por la falta de difusión del conflicto.

En repudio de la violencia ejercida ayer, múltiples organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos de la provincia salieron a expresar su repudio, inclusive desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que el jueves pasado ya había enviado un pedido de informe por denuncias de irregularidades en el episodio represivo del lunes 8.

En torno a dicho pedido se expresó hoy el Ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, quien afirmó que "no hubo represión, sino una agresión de los manifestantes".

Dijo también que "no se utilizaron elementos de represión" y que la policía lo único que hizo fue "tratar con sus escudos de cubrirse".

Además, respecto a la ausencia de una orden judicial para el desalojo del predio, como reclamaron los vecinos, el funcionario jujeño dijo que "no hacía falta" porque se desarrollaba una "tarea preventiva de cuidar el patrimonio y la seguridad de los trabajadores de la empresa".

Las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos que se sumaron a la marcha de repudio contra lo sucedido en Campo Verde, también se encontraban movilizando y protestando hoy frente a la Casa de Gobierno por un juicio contravencional programado para la jornada contra dirigentes y organizaciones de la provincia.

Las contravenciones en cuestión, por las que denuncian "criminalización de la protesta", fueron emitidas tras una manifestación el pasado 15 de diciembre y afectan a unos diez dirigentes y cinco organizaciones, por haber interrumpido el tránsito vehicular y supuestamente violar normas relativas al distanciamiento social.