La comunidad indígena Las Capillas, del Pueblo Ocloya, en Jujuy, logró que no se avance con una medida de desalojo contra un grupo de familias de esa etnia durante una audiencia convocada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
JUDICIALES10 de febrero de 2021
El Expreso de Jujuy
La reunión se concretó tras una presentación realizada ante el fiscal general Sergio Lello Sánchez y el fiscal interviniente en la causa, Aldo Lozano, en la cual los ocloya demandaron el cese definitivo de la medida en virtud de la aplicación plena y efectiva de la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de Comunidades Indígenas.
“Hemos concluido que el expediente no se toca. Está en manos del fiscal interviniente y no se va a avanzar sobre la medida de desalojo, a eso se comprometió el fiscal general Lello Sánchez”, comunicó, al término de la reunión, el referente del Pueblo Ocloya y delegado el Consejo de Participación Indígena, Ramón Jerez.
El referente indígena agregó que se convino con “muchas expectativas” una nueva reunión para “el primer día hábil de abril”, en la que se tiene previsto “completar la presentación de documentos para enriquecer el expediente” en cuestión.
Por otro lado, el representante puso en valor que se conversó sobre la posibilidad de generar “una mesa de diálogo intercultural desde la que se diseñe un protocolo de intervención que deba seguir la justicia ante cualquier medida de desalojo contra una comunidad indígena”.
Ese protocolo, según indicó Jerez, se presentará en la próxima reunión con las autoridades del MPA y empezarán a desarrollarlo el 7 de marzo, fecha en la que tienen previsto una nueva asamblea abierta en la comunidad Tusca Pacha.
La orden de desalojo vinculada a la comunidad indígena Las Capillas fue ordenada en diciembre del año pasado contra cinco grupos familiares integrantes de la comunidad que viven en el departamento Manuel Belgrano, a raíz de que una denuncia penal por parte de una empresa minera que se adjudica la propiedad de los terrenos.
El reclamo de suspensión del desalojo se basa en que es violatorio de la ley 26.160, de relevamiento territorial de Comunidades Indígenas, y su prorroga 27.400 vigente, que extiende los relevamientos hasta el 23 de noviembre de 2021.
"La ley ordena al Estado nacional y provincial a que no haya desalojo en las comunidades originarias. En Jujuy se están violando los derechos a una comunidad que tiene personería jurídica y una carpeta técnica con relevamiento territorial ordenada por dicha ley", había sostenido Jerez en dialogo con esta agencia.
Para la audiencia en la jornada, se congregaron representantes del Equipo de prevención e intervención de conflictos conformados por el Equipo Jurídico del Consejo de delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO), organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Pueblos Indígenas, de DDHH de Nación, entre otros.
La instancia judicial duró prácticamente tres años y en todo ese tiempo no se pudo reunir las pruebas suficientes para generar una causa y elevar a juicio. Finalmente los plazos procesales hicieron extinguir la acción penal, quedando en evidencia que “hubo injerencia en el poder político”, para amedrentar o presionar a las organizaciones sociales en lucha.
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