Dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy, denunciaron penalmente al recientemente designado ministro de Seguridad, Guillermo Corro, por “privación ilegítima de la libertad” y “abuso de autoridad” en el marco de una protesta en reclamo de mejoras salariales realizada el pasado 2 de diciembre, cuando se ordenó la detención de dos referentes de ese espacio, informaron fuentes gremiales.
JUJUY24 de diciembre de 2020
El Expreso de Jujuy
El sindicato que lidera Carlos “Perro” Santillán radicó la denuncia ante la Brigada de Investigaciones de la provincia por “privación ilegítima de la libertad”, “abuso de autoridad en el cumplimiento de sus funciones” y “persecución a la protesta sindical”, sufridos por los dirigentes Santiago Seillant y Rubén Ariel Wayar.
El pasado 2 de diciembre, los gremialistas mencionados junto a un grupo de manifestantes llevaban adelante una protesta en inmediaciones de la ruta 66 en el acceso a la ciudad de Perico, donde se apersonó el jefe de Policía, Guillermo Corro.-recientemente designado como ministro de Seguridad-, quien luego de saludar a Seillant ordenó su detención.
Los sindicalistas también acusaron al fiscal Aldo Lozano y a su ayudante Iván Monaldi Pancich por “irregularidades en el procedimiento de la detención”, expresaron las fuentes.
Para los referentes gremiales, la “gravedad” del accionar del Comisario Corro radica en que “carecía de instrumentos legales para realizar la detención”, debido a que no tenía ninguna notificación como “denuncia, orden de detención o desalojo”.
Desde el SEOM manifestaron que tras los hechos la denuncia “no fue aceptada por el Juzgado Federal N°2, tampoco recibida en la Fiscalía provincial a cargo de Diego Cussel dentro del Ministerio Público de la Acusación”, por lo que la acusación fue asentada en la Brigada de Investigaciones de la capital jujeña.
Esa situación que les impidió registrar una denuncia penal contra el funcionario de gobierno y los agentes judiciales, “demuestra la parcialidad y la deficiencia de la administración de la Justicia provincial”, consideraron.
Para los sindicalistas los dirigentes afectados fueron “literalmente secuestrados" por la policía ya que “ni la justicia federal ni la provincial habían ordenado detenerlos”, reiteraron sobre la detención que se extendió por al menos ocho horas.
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Estar incluidos en la ley de “enganche” no le permite a los empleados judiciales acceder al bono de fin de año y a pesar que casi en su totalidad no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. El reclamo en la calle se agudizará estos días.
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