El Expreso de Jujuy
El colectivo feminista señaló que la niña en situación de violencia se encuentra actualmente “bajo responsabilidad de la Defensoría de menores por la situación judicial de sus progenitores y no contar con una red social que la acompañe”.
La niña violentada es oriunda de la ciudad de Monterrico, a 37 kilómetros de la capital jujeña, a quien le practicaron una cirugía ayer en el Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana”, luego de “una maduración fetal de los fetos”, indicaron a Télam las activistas.
“Prepararon a la niña a una maternidad forzada, no solo por la cesárea sino porque fue la cesárea previa a la maduración fetal”, reiteraron al indicar que “hay equipos de efectores que podrían haber garantizado la ILE”.
Asimismo, manifestaron que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual se contactaron con las autoridades provinciales y ofrecieron alternativas, sin embargo las autoridades provinciales, “eligieron seguir con la dilación”.
“El Ministerio de Salud provincial repitió una vez más las mismas estrategias de dilación, obstaculización y vulneración en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como lo fue con la situación de público conocimiento de la niña de San Pedro en enero de 2019, a quien se le realizó la misma práctica”, denunciaron.
Recordaron que tanto en el caso antes nombrado como el actual, las autoridades mantuvieron como estrategia "ganar tiempo", con el objetivo de “obtener la viabilidad fetal, a pesar de que la provincia tiene un protocolo específico realizado conjuntamente con Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años”.
“A pesar de que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual realizaron el ofrecimiento para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña, las autoridades a cargo de la cartera de Salud local, desestimaron la propuesta y decidieron no garantizarle a esta niña su derecho a la ILE”, enfatizaron.
Agregaron que es necesaria la organización de los colectivos profesionales “para revertir esta tendencia nefasta en la que se procura que las niñas sean madres en Jujuy".
Por otra parte, rechazaron que la “filtración de información” en estos casos, “además de violentar a la niña por obligarla a maternar, viola el secreto profesional, el derecho a la confidencialidad”, entre otros.
“Es el Estado quien viene vulnerando a la niña porque está absolutamente sola, debido a que no existe un adulto responsable en el caso, es una situación extrema”, concluyeron las militantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy.
