Cuatro obreros de la Finca Río Negro Chalicán, ubicado en el departamento de Ledesma, fueron imputados por la justicia cuando manifestaban junto a un grupo de trabajadores en la ruta nacional 34 por "el desguace de las instalaciones y la falta de maquinarias en buen estado", además de mejoras laborales y salariales.
JUJUY11 de noviembre de 2020
El Expreso de Jujuy
Representantes de los trabajadores informaron que los cuatro acusados por "turbación de la posesión y estorbo del uso del agua en concurso real", fueron citados en la causa que tramita el fiscal de Investigación Nº12, Lian Resúa, tras la denuncia radicada por el administrador de la Finca Río Negro Chalicán, Ricardo Vargas.
"Estas imputaciones nos llegaron cuando estábamos nuevamente con retención de tareas por la falta de cumplimiento al acuerdo establecido en septiembre", entre los trabajadores y la empresa, dijo el delegado del personal transitorio de la Finca Río Negro-Chalicán, Víctor Torres.
Los trabajadores llevan adelante la medida de fuerza desde hace ocho días debido que el Gobierno provincial, que administra la finca jujeña, "no ha dado cumplimiento al acta acuerdo que se firmó en el mes de septiembre pasado", cuando un grupo de empleados se reunió con el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich.
"Protestamos porque estamos en defensa de la fuente de trabajo", afirmó Torres.
La semana pasada los manifestantes recibieron el apoyo de integrantes de la comunidad guaraní de la provincia, cuando cumplían una protesta junto a sus familiares en la ruta 34, y ayer en lo que fue tomado por los trabajadores como un "acto de intimidación", se presentó en el lugar personal de infantería de la policía de Jujuy.
Desde el 4 de noviembre, los trabajadores de la finca vienen realizando un paro total de actividades, en Chalicán, con cortes "momentáneos" de la calzada y ollas populares.
Los trabajadores reclaman también al Gobierno de Gerardo Morales por la "falta de un plan de inversión para la finca", administrada por el Estado provincial, además de mejoras laborales y salariales para los trabajadores.
Exigen además la regularización en el pago de los aportes a todos los trabajadores, de la ART, obra social y aportes jubilatorios.
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.
El gobierno de la provincia cerró el año otorgando un mínimo aumento salarial del 2,5% y un bono de fin de año de 300 mil pesos, además de algunos otros ítems que solo repercuten en algunos sectores. El descontento de los gremios estatales es evidente, pero no hay reacción de ningún sector, solo manifiestos, paros que no inciden en ningún sentido en la actividad económica de la provincia y no afectan en nada al gobierno.
Después de seis años, en la Facultad de Humanidades volvió a realizarse elecciones para renovar 15 integrantes del Centro de Estudiantes. Durante toda la mañana el acto se desarrolla con total normalidad, más allá del clima caldeado en que se llega a esta instancia.
“No puedo seguir siendo parte de este juego a espaldas de los colegas” denunció la docente y miembro de la Junta Provisoria de ADEP, Graciela Ortega denunciando serias irregularidades que se estarían produciendo en la Junta conformada para convocar a elecciones del gremio de docentes primarios.
En los municipios son alrededor de 7 mil y en el gobierno provincial 3.500 los que deben pasar a planta permanente antes de fin de año. Esa situación preocupa a la dirigencia gremial, sobre todo en los municipios, donde habrá cambio de comisionados municipales y se corre el riego de que se produzcan despidos.
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La Fiscalía que investiga al empresario Oded Kindermann por distintos hechos de abuso, modificó la imputación del mismo a abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda, con lo cual también se amplió la prisión preventiva por 30 días, razón por la cual continuará privado de su libertad.
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Un menor de 15 años casi pierde la vida tras ser agredido el pasado fin de semana, en inmediaciones del Hospital Snopek donde fue atacado por una patota integrada por jugadores de un club de rugby y un estudiante de la Escuela de Policía. En horas de la tarde de esta jornada el mismo grupo volvió a citar al menor en el mismo lugar, probablemente para volver a agredirlo y fueron detenidos.
Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.