La Legislatura de Jujuy desestimó el pedido de juicio político contra la Defensora General del Ministerio Público de Defensa Penal de la provincia, Ivone Haquim. La funcionaria judicial pidió que la Comisión Investigadora del Poder Legislativo gire las actuaciones a sede penal y que brinde los motivos de su resolución.
JUDICIALES10 de noviembre de 2020
Fernando Burgos
El pedido de juicio político en su contra había sido promovido por el ciudadano Gustavo Enrique Fiad, imputado por abuso sexual con elevación de la causa a juicio confirmado por la jueza de Control interviniente y con denuncias en su contra por amenazas, desobediencia judicial e incumplimiento de medida perimetral, todos ellos actos cometidos en contra de un familiar directo de la magistrada.
En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana, Haquim anticipó además que ampliará denuncias contra de Fiad por falsas denuncias e iniciará una querella por calumnias. Fiad había manifestado como argumento que Haquim se encontraba inhabilitada para participar de la causa penal en cuestión por derecho propio y en representación de su familiar directo.
“Al no haber tenido la oportunidad de defenderme ante la Legislatura, quiero que la comunidad jujeña sepa que no he cometido ningún hecho ilícito y por ende no existía causa para que el juicio político en mi contra prospere. El mío no es igual a los otros tres casos de juicio político que se desestimaron y por esta razón he solicitado por escrito a la Comisión Investigadora de la Legislatura que aclare los motivos de su decisión y gire las actuaciones a sede penal, como lo establece el artículo 208 inciso 3 de la Constitución” destacó Haquim.
Según consideró la Defensora en la interposición del juicio político ha existido mala fe. “Todo lo que ha sucedido en torno a este intento de juicio político lo conozco a través de la prensa, porque nunca me llegó una notificación personal. Aun así, sabiendo extraoficialmente sobre lo que se sustanciaba en la Legislatura y sin tener la posibilidad de hacer mi descargo correspondiente, he sido respetuosa del procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese ámbito”
En ese sentido, agregó que “en razón de que no pude cumplir con ese paso procedimental, al existir un rechazo in limine al pedido de juicio político, he decidido exponer la situación ante los medios para hacerle saber a la opinión pública en general que en mi caso no existía ningún motivo o razón para ser juzgada jurídica o políticamente. Por ello he solicitado expresamente que se den a conocer los fundamentos ya que no existen razones ni indicios ni pruebas para el juicio político, y además para dejar en alto mi buen nombre y honor”.
Puntualizó Ivone Haquim que este juicio político se promovió para generar un daño a su carrera. “Se han tratado cuatro casos iguales de juicio político, pero el mío es distinto, por eso solicité que se expresen los motivos del rechazo. Tengo 35 años como abogada, ejerciendo la profesión durante largos 31 años en los que no tuve denuncias ni he estado envuelta en conflictos o problemas de ninguna naturaleza, porque siempre me he manejado dentro de la ley”.
“Por ello, considero que no es justo que me den igual tratamiento al de otros casos”, recalcó en alusión a los procedimientos que se siguieron en contra del gobernador Gerardo Morales, el titular del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez, y la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone.
“Hace nueve meses que estamos con mi familia intentando que se haga justicia y se le dé igual tratamiento a nuestra causa, pero no se está cumpliendo. Como Defensora General veo que nuestros asistidos, que son personas que están en estado de vulnerabilidad y que tienen historias de vida muy tristes, son detenidos inmediatamente, siendo que en muchos casos ni siquiera han cometido delito alguno y llegan a juicio privados de su libertad” consideró.
Tras arduas horas de rastrillaje y otras diligencias en la finca donde se produjo el siniestro de una avioneta cargada con droga, en Rosario de la Frontera, el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína y la detención de dos personas.
El encuentro nacional reunió a referentes de los ámbitos judicial, académico y tecnológico, con el objetivo de promover la transformación digital de la justicia mediante la integración de LegalTech, Inteligencia Artificial (IA) y blockchain, orientadas a garantizar un acceso a los derechos de los ciudadanos más ágil, transparente y humano.
El accionar de la justicia está vinculado a un posible caso de narcotráfico, en el marco de una investigación que lleva adelante la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti. En la jornada de hoy se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.
La Policía de la Provincia de Jujuy intervino en múltiples hechos ocurridos durante el fin de semana, entre ellos una violenta gresca en la ciudad de San Pedro, que dejó como saldo una víctima fatal y varios demorados.
Existe una denuncia judicial donde se involucra a la actual tesorera de la institución por desvío de fondos millonarios que ascendería a los 42 millones de pesos, correspondiente al cobro en efectivo de matrículas desde el mes de enero a septiembre y que no se rindieron cuenta.
El MPA hizo la entrega de equipamiento y elementos oftalmológicos y optométricos al Hospital “Dr. Oscar Orías” de Libertador General San Martín.
La interna en el Partido Justicialista Distrito Jujuy está a punto de estallar. La actual dirigencia encabezada por Leila Chaher armó una lista de 500 afiliados que debían ser suspendidos y se lo llevó a Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en sanciones. Intervino el actual presidente en ejercicio del PJ José Mayans y dejó todo sin efecto y aprobó realizar una nueva convocatoria a elecciones internas para el mes de marzo y posibilitar una participación amplia de todos los sectores del peronismo.
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Damnificados por los créditos UVA de la provincia plantearon en la Legislatura la grave situación que atraviesan debido al constante incremento de las cuotas, lo que ha vuelto los préstamos prácticamente imposibles de pagar.
Un grupo de personas encabezadas por un reconocido dirigente gremial, quién integra la Comisión de Derechos Humanos, junto a su hijo violentaron y destrozaron las oficinas donde se encuentra la “Casa de las Madres”.
Empleados municipales realizan una medida de fuerza con permanencia y quite de colaboración frente al municipio debido a la falta de respuesta de la intendenta a reclamos presentados hace meses. El sindicato asegura que el personal municipal ha sido discriminado al quedar fuera de los beneficios laborales anunciados por el gobernador Sadir, como el pase a planta y mejoras salariales.