Mientras el Ministro de Seguridad Ekel Meyer anunciaba en horas de la mañana la creación de diversas unidades especializadas, entre ellas la de Ejecución de Políticas Públicas en Igualdad de Género, en Palpalá la policía reprimía a mujeres, niños y familias enteras para entregar tierras de una comunidad para el desarrollo de negocios inmobiliarios.

Como saldo de esa represión, fueron detenidas cuatro personas, a las cuales a tres se les imputó el delito de resistencia a la autoridad y una por averiguación de antecedentes.

La rápida intervención diversas organizaciones sociales, legisladores y vecinos de la ciudad de Palpalá, evitó se produjeran mayores daños a los bienes de las familias que habitan en esas tierras y posibilitó la liberación de los detenidos. 
El procedimiento se hizo por la mañana y participaron efectivos policiales "con armas de fuego" en medio de una situación "muy violenta", informó Anastasia García, coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Nación (Safci), quien estaba allí y fue arrestada.
García fue liberada alrededor de las 17, junto a Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes y Andrés Deymonaz, los otros tres detenidos que fueron llevados a la comisaría 51 de esa ciudad según afirmó la abogada Paula Álvarez Carrera.
El desalojo se concretó por orden del juez de Control Jorge Zurueta, involucrando a tres familias integrantes de la comunidad aborigen Tusca Pacha de Los Alisos, en Palpalá, asentada hace varias décadas en el lugar.
Según los damnificados, el reclamo derivó de una empresa inmobiliaria que asegura que le pertenecen esas tierras, unas dos hectáreas, en las que las familias mantenían una huerta comunitaria y un maizal.
"La que se beneficia con este procedimiento es la empresa inmobiliaria Sucre, cuyos propietarios, vinculados al Gobierno de Gerardo Morales, tienen sus influencias en la justicia", afirmó García poco antes de ser detenida.
Denunció también que "la medida se llevó a cabo con más de 50 efectivos policiales con armas de fuego" que "hicieron correr a niños, ancianos y a mujeres embarazadas".
Los referentes de la comunidad aborigen denunciaron que la Justicia provincial atiende el reclamo del emprendimiento inmobiliario y "viola la Ley 26.160 que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas que se encuentren en conflictos con terceros".
Añadieron que poseen documentación que da cuenta que "están los procesos hechos" para acceder a la personería jurídica, pero "el Estado no quiere reconocer a la comunidad como preexistente como pueblo originario o una organización de carácter comunitario".
La policía desarmó algunas casillas y no avanzaron sobre las otras casas donde viven unas cien familias integrantes de la comunidad.
"Son aproximadamente dos hectáreas en donde el juez Zurueta, haciendo oídos sordos a los derechos de la comunidad, ordenó el desalojo", explicó García.
El Movimiento Nacional Indígena Campesino calificó al procedimiento como "ilegal" y "violento". También, la coordinación provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena reclamó por el "violento atropello policial".
"Las familias fueron reprimidas mientras defendían su legítimo derecho de permanencia en esas tierras. Decimos, reafirmando nuestra vocación democrática, que los diferendos deben ser resueltos mediante el diálogo y pacíficamente priorizando siempre las necesidades del pueblo y sus organizaciones en la lucha por una vida digna", aseguraron.
Hubo repudio, además, de parte de sectores sociales y políticos, entre ellos los diputados del Frente de Todos PJ Jujuy, Alejandra Cejas, Fátima Tissera y Emanuel Palmieri, quienes estuvieron en el lugar y condenaron "la represión sufrida" por las familias.