Las tarifa de luz, el retraso en el pago de los salarios y la judicialización de la protesta, serán los temas que convocarán a sindicatos y organizaciones sociales a movilizar desde mañana lunes y durante toda la semana, complicando la “paz social” que propaga el gobierno provincial.
JUJUY09 de febrero de 2020
El Expreso de JujuyDistintas organizaciones sociales y sindicales anticiparon que saldrán a la calle en señal de protesta por la falta de atención del Estado Provincial a las distintas problemáticas. Principalmente el descontento se manifestara en las tarifas de luz, que a pesar de los anuncios del gobierno de continuar con el subsidio del servicio para determinados sectores y el congelamiento de las tarifas por 180 días, miles de familias se ven afectadas por el fuerte aumento en la facturación. En algunos casos, sobre todo en el ramal jujeño, la alza en las boletas de luz llegaron a un 80%, según denuncian los vecinos.
El congelamiento anunciado por el gobierno es a partir del 1 de enero, pero la facturas con el aumento corresponden a los meses de noviembre y diciembre, razón por la cual no ingresan en la propuesta del gobierno y de allí el malestar de los vecinos y organizaciones sociales.
Por otra parte, habrá un fuerte reclamo por el inicio del juicio contravencional armado contra dirigentes sociales y políticos, sindicatos y organizaciones sociales, impulsado por la "Multisectorial contra la Judicialización y la Persecución".
La organización convocó a concentrar en las puertas del Servicio Penitenciario de la provincia Av. Forestal N° 613, el lunes a horas 16, lugar elegido para las audiencias.
“Se trata de una clara vulneración de los derechos democráticos y políticos en la provincia, en este caso de dependencia directa del Poder Ejecutivo. Una muestra más del régimen policíaco que rige en Jujuy” denunciaron las organizaciones.
La causa la inició el Juzgado Contravencional y apunta contra los sindicatos como la CTA-A (implicando a su Secretario General Matias Brizuela), ATE, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la CCC, y partidos de izquierda, por haber sido parte de la movilización realizada el día de la apertura de sesiones en la Legislatura en 2018, realizada en el marco de reclamos legítimos ante la profunda situación de pobreza que azota la provincia y la cantidad de reclamos no atendidos por el gobierno provincial.
Para dicha movilización, “se montó un fuerte operativo de represión policial ordenado por el gobernador Morales, y que terminó con varios dirigentes detenidos durante el fin de semana posterior a la protesta, en una suerte de caza de brujas” afirmaron.
Los gremios y las organizaciones exigen la anulación de la causa así como la derogación del Código Contravencional con el que se persigue a quienes salen a luchar, “así como el fin de la Judicialización de la protesta, usando este tipo de instrumentos como mensaje disciplinador para quienes hoy siguen luchando contra la injusticia y el avasallamiento de derechos de Gerardo Morales”.
Finalmente, se planteará también en esta lucha, un enérgico rechazo al cronograma de pagos de salarios por el mes de enero, en consideración a que “pagar los salarios fuera de término, afecta sensiblemente la ya crítica situación económica de la familia docente, al tener que afrontar intereses por mora en los pagos, incluso de los servicios básicos del hogar”, plantearon desde ADEP, gremio que adhirió a la protesta y marcha que se hará en Alto Comedero.
El juicio contravencional en este caso tiene comprometido al Secretario General Darío Abán, y
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