Las tarifa de luz, el retraso en el pago de los salarios y la judicialización de la protesta, serán los temas que convocarán a sindicatos y organizaciones sociales a movilizar desde mañana lunes y durante toda la semana, complicando la “paz social” que propaga el gobierno provincial.
JUJUY09 de febrero de 2020
El Expreso de JujuyDistintas organizaciones sociales y sindicales anticiparon que saldrán a la calle en señal de protesta por la falta de atención del Estado Provincial a las distintas problemáticas. Principalmente el descontento se manifestara en las tarifas de luz, que a pesar de los anuncios del gobierno de continuar con el subsidio del servicio para determinados sectores y el congelamiento de las tarifas por 180 días, miles de familias se ven afectadas por el fuerte aumento en la facturación. En algunos casos, sobre todo en el ramal jujeño, la alza en las boletas de luz llegaron a un 80%, según denuncian los vecinos.
El congelamiento anunciado por el gobierno es a partir del 1 de enero, pero la facturas con el aumento corresponden a los meses de noviembre y diciembre, razón por la cual no ingresan en la propuesta del gobierno y de allí el malestar de los vecinos y organizaciones sociales.
Por otra parte, habrá un fuerte reclamo por el inicio del juicio contravencional armado contra dirigentes sociales y políticos, sindicatos y organizaciones sociales, impulsado por la "Multisectorial contra la Judicialización y la Persecución".
La organización convocó a concentrar en las puertas del Servicio Penitenciario de la provincia Av. Forestal N° 613, el lunes a horas 16, lugar elegido para las audiencias.
“Se trata de una clara vulneración de los derechos democráticos y políticos en la provincia, en este caso de dependencia directa del Poder Ejecutivo. Una muestra más del régimen policíaco que rige en Jujuy” denunciaron las organizaciones.
La causa la inició el Juzgado Contravencional y apunta contra los sindicatos como la CTA-A (implicando a su Secretario General Matias Brizuela), ATE, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la CCC, y partidos de izquierda, por haber sido parte de la movilización realizada el día de la apertura de sesiones en la Legislatura en 2018, realizada en el marco de reclamos legítimos ante la profunda situación de pobreza que azota la provincia y la cantidad de reclamos no atendidos por el gobierno provincial.
Para dicha movilización, “se montó un fuerte operativo de represión policial ordenado por el gobernador Morales, y que terminó con varios dirigentes detenidos durante el fin de semana posterior a la protesta, en una suerte de caza de brujas” afirmaron.
Los gremios y las organizaciones exigen la anulación de la causa así como la derogación del Código Contravencional con el que se persigue a quienes salen a luchar, “así como el fin de la Judicialización de la protesta, usando este tipo de instrumentos como mensaje disciplinador para quienes hoy siguen luchando contra la injusticia y el avasallamiento de derechos de Gerardo Morales”.
Finalmente, se planteará también en esta lucha, un enérgico rechazo al cronograma de pagos de salarios por el mes de enero, en consideración a que “pagar los salarios fuera de término, afecta sensiblemente la ya crítica situación económica de la familia docente, al tener que afrontar intereses por mora en los pagos, incluso de los servicios básicos del hogar”, plantearon desde ADEP, gremio que adhirió a la protesta y marcha que se hará en Alto Comedero.
El juicio contravencional en este caso tiene comprometido al Secretario General Darío Abán, y
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.
El gobierno de la provincia cerró el año otorgando un mínimo aumento salarial del 2,5% y un bono de fin de año de 300 mil pesos, además de algunos otros ítems que solo repercuten en algunos sectores. El descontento de los gremios estatales es evidente, pero no hay reacción de ningún sector, solo manifiestos, paros que no inciden en ningún sentido en la actividad económica de la provincia y no afectan en nada al gobierno.
Después de seis años, en la Facultad de Humanidades volvió a realizarse elecciones para renovar 15 integrantes del Centro de Estudiantes. Durante toda la mañana el acto se desarrolla con total normalidad, más allá del clima caldeado en que se llega a esta instancia.
“No puedo seguir siendo parte de este juego a espaldas de los colegas” denunció la docente y miembro de la Junta Provisoria de ADEP, Graciela Ortega denunciando serias irregularidades que se estarían produciendo en la Junta conformada para convocar a elecciones del gremio de docentes primarios.
En los municipios son alrededor de 7 mil y en el gobierno provincial 3.500 los que deben pasar a planta permanente antes de fin de año. Esa situación preocupa a la dirigencia gremial, sobre todo en los municipios, donde habrá cambio de comisionados municipales y se corre el riego de que se produzcan despidos.
El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.
La Fiscalía que investiga al empresario Oded Kindermann por distintos hechos de abuso, modificó la imputación del mismo a abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda, con lo cual también se amplió la prisión preventiva por 30 días, razón por la cual continuará privado de su libertad.
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
Un menor de 15 años casi pierde la vida tras ser agredido el pasado fin de semana, en inmediaciones del Hospital Snopek donde fue atacado por una patota integrada por jugadores de un club de rugby y un estudiante de la Escuela de Policía. En horas de la tarde de esta jornada el mismo grupo volvió a citar al menor en el mismo lugar, probablemente para volver a agredirlo y fueron detenidos.
Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.