Para el funcionario judicial, no existe pruebas para imputarlos por un posible intento de fuga, si se imputaría otros delitos, “se inicia otra causa y más vale la situación empeoraría respecto a la que tienen actualmente, porque si tienen la calidad de penados, es decir  si son personas que ya están cumpliendo condena tendría un recrudecimiento y serían considerados en principio personas reincidentes lo cual agrava su situación”, advirtió el fiscal.

Llama la atención que el fiscal haya descartado el intento de fuga, más allá que reconoce que no tiene pruebas para hacer esa  imputación. Toda la comunidad carcelaria, tiene conocimiento sobre cómo lograron los presos llegar a los techos, mediantes agujeros en las paredes que ya habrían sido abiertos, para un posible intento de fuga.

“No tengo el intento de evasión, ellos subieron al techo, no veo yo o no me surge de las pruebas que tengo, que se hayan intentado evadirse en principio. De otras pruebas que pueda ir recabando, puede surgir ese delito” se justificó el fiscal al ser consultado al respecto por los medios de prensa.

Lamentablemente, en estos tipos de hechos la peor parte la llevan quienes intentan poner orden y restituir el orden, en este caso dentro del Servicio penitenciario. Urquiola imputó a 16 penitenciario y ningún interno que fueron los que causaron los desmanes, con un evidente intento de fuga y no por la situación del coronavirus, como se adujo.

Si hay alguna imputación hacia los presos, sería solamente por los daños ocasionados. “Se está trabajando en eso, casualmente recibí, no recuerdo bien si fue el viernes, un informe del servicio penitenciario, donde se informa todos los daños ocasionados los internos en el servicio penitenciario. Se está esperando las pericias o informes técnico  de criminalística de la policía, donde se sacaron fotos de todos los daños ocasionados y también se citó a bomberos con suma urgencia para que informen de manera técnica los daños ocasionados por el incendio” adujo el fiscal.

Penitenciarios recuperan libertad

En la jornada del viernes, el mismo fiscal habría ordenado la libertad de 16 efectivos del Servicio Penitenciario que fueron imputados por los hechos sucedidos en el penal del barrio Gorriti.

Si bien los mismos ya están en sus domicilios, todos están con una causa judicial y serían convocados para la próxima semana para que designen abogado defensor y conozcan la imputación.

Esta situación pone en serio riesgo sus fuente laborales, ya que no podrán prestar servicio hasta tanto se termine la investigación y queden libre de culpa o responsabilidad. Además de no poder prestare servicios, perderán sus asignaciones salariales, obra social, y otros beneficios del sistema.

En un intento de minimizar la situación de los agentes del penitenciario, Urquiola dijo desconocer el número exacto de las personas que están imputadas. “En estos momentos no tengo la cifra exacta, pero son entre 11 y 12 personas. Lo que pasa que hubo modificaciones ampliación de imputaciones en principio eran seis, luego se agregó otro tanto, pero están todos en libertad” se defendió el fiscal.

Aclaró que no se amplió la imputación respecto a las personas, “no se agravó la imputación, ni se le imputó otro delito. Hay una persona que está imputada por encubrimiento” dijo con respecto a los guardiacárceles.

Tampoco hay imputación o se le endilgó responsabilidad a los jefes del Servicio Penitenciario quienes dieron las órdenes de reprimir a los internos. “Si corresponde algún tipo de responsabilidad funcional se tiene que determinar a medida que vamos investigando. El responsable de toda unidad pública, tiene o está obligado a cumplir determinado tipo de gestión. Ese tipo de obligaciones y tomar decisiones respecto a la situación que se estaba dando, tiene que tener algún tipo de responsabilidad,  pero no todo tipo de responsabilidad administrativa, es de tipo penal” anticipó el fiscal como descartando que se le impute algún delito a los ex jefes del Penitenciario.