SE MASIFICAN LAS MARCHAS CONTRA LA REFORMA Y EXIGIENDO LIBERACIÓN DE DETENIDOS

La medida de fuerza es impulsada, entre otros, por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales junto a otras organizaciones sindicales y sociales.

"Exigimos que cese la persecución de los compañeros en lucha. Arriba los derechos, abajo la reforma", es la consigna impulsada por la Multisectorial contra la reforma constitucional aprobada y jurada el 20 de junio pasado en la Legislatura provincial.

La movilización denuncia también "las detenciones y encausamientos, la estigmatización de la actividad sindical, la brutalidad de la represión que apuntó con letalidad a los manifestantes y por una reforma constitucional viciada aprobada a espalda de los intereses colectivos y violatoria de derechos", según explicaron voceros gremiales.

Ayer, la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial, según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otros organismos de derechos humanos.

En esos procedimientos, fueron detenidas al menos tres personas -dos trabajadores municipales y un estudiante- acusados de "sedición", "privación ilegítima de la libertad", "lesiones graves", los cuales fueron alojados en el penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

En el marco de la jornada de paro, los docentes reclaman que no se modifique en ninguno de sus términos el Estatuto del Docente sin su consulta y participación, al señalar que "la reforma de la Constitución nueva no contempla como lo hacía la Constitución de 1986 el respeto por la totalidad de los derechos consagrados en el artículo 67".

En su última asamblea, el Cedems aprobó "estrategias jurídicas" contra el texto constitucional que generó diversas expresiones de rechazo, entre ellos, el sector de los trabajadores estatales y de las comunidades originarias que mantienen al menos diez cortes de ruta en la provincia tras violentas represiones policiales, detenciones de manifestantes y numerosos heridos.

Sostienen que "el procedimiento de reforma de la Constitución provincial no garantizó la participación plena" del sector, sin poder acceder en su momento al anteproyecto de ley.

El reclamo abarca los descuentos de los días de paro, un salario básico de 100 mil pesos y exigen la recategorización de todos los cargos administrativos escolares con la premisa de que "ningún docente cobre menos de 15 horas cátedra".

Además, ratificaron el pedido por hora cátedra de 6666,66 con actualización según el índice de inflación mensual y de la canasta básica.