Docentes jujeños, junto con trabajadores estatales y municipales más integrantes de organizaciones sociales, marcharon hoy en reclamo de recomposición salarial, en contra de la reforma constitucional y por la derogación del decreto 8464 del Ejecutivo provincial, que "avanza en la criminalización de la protesta".
JUJUY12 de junio de 2023
Fernando Burgos
Los docentes vienen reclamando desde la semana pasada, cuando iniciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de sueldos que superen el valor de la Canasta Básica, fijada en más de 200 mil pesos.
"No manifestamos en la calle por los salarios dignos pero también contra esta reforma constitucional que, entendemos, lesiona los derechos de salir a protestar y sobre todo por el decreto que hemos tomado conocimiento a través del boletín oficial el viernes, que determina sanciones graves como contravención", dijo a Télam la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Silvia Vélez, y añadió que el paro docente "tiene entre un 85 y 95% de acatamiento".
Tanto la Adep, que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, como el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), convocaron para esta tarde a un congreso provincial y asamblea para responder a la última propuesta realizada por el Gobierno provincial.
"Queremos mejores consideraciones para todo el sector docente. Si bien es cierto hay una gran franja cubierta de maestros de grado, acá hablamos de maestros especiales y de nivel inicial que siguen por debajo de la línea de pobreza", afirmó la gremialista.
Asimismo, el reclamo también pasa por "un mayor incremento al básico que es lo que nos asegura el aporte jubilatorio" y por una nueva convocatoria a paritaria.
El viernes último, el Gobierno jujeño formuló una propuesta que incluye un salario inicial de $179.000; la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del adicional no remunerativo bonificable; el otorgamiento de un suplemento no remunerativo no bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad; y descartar el descuento de los días de paro.
En paralelo, la Adep repudió un decreto del Ejecutivo provincial que, según denunció, "avanza con la restricción de los derechos que constitucionalmente le corresponde a los trabajadores", ante lo cual presentó una medida cautelar en el Poder Judicial.
Por su parte, Cedems, que también se reunirá en asamblea esta tarde para decidir sobre la nueva propuesta oficial, rechazó el incremento ofrecido porque "no atiende nuestro pedido de 100 mil pesos al básico, la quita del presentismo y garantizar con el resto de los adicionales un sueldo de 210 mil pesos", según advirtió la secretaria general del gremio, Mercedes Sosa.
"Los docentes no vamos a resignar el derecho a protestar porque es una conquista de muchos años que hemos logrado y la queremos defender", agregó Sosa en relación a la reforma constitucional y al decreto que penaliza la protesta social.
"Que nos pretendan cobrar 8 millones de pesos a cada uno de los participantes de la movilización es ridículo. La paz social no puede ser un pretexto para criminalizar la protesta", enfatizó.
Para la referente de Cedems, en la jornada de protesta de hoy se movilizaron unas "15 mil personas sumando todo, un número muy importante para Jujuy".
Junto a los docentes se movilizaron también otros sectores enrolados en la CTA, ATE, como salud, hospitales, tribunal de cuentas, obreros municipales, viales y organizaciones sociales.
"Hay una clara consigna 'Arriba los salarios, abajo la reforma' y la inmediata derogación del decreto 8464, que es autoritario y viola elementos fundamentales de la vida democrática y de los principios republicanos", afirmó el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) Nicolás Fernández.
En diálogo con esta agencia, Fernández exigió la "inmediata reapertura de la paritaria general para recomponer los salarios a nivel de la inflación", y además advirtió que con un "36,6% de imposición salarial" se torna "imposible cerrar el primer semestre".
Por otro lado, pidió a la Convención Constituyente que se abra porque en la Legislatura "están sesionando a espaldas del pueblo".
"Es inconcebible que se haga una reforma constitucional en un plazo de quince días y con el texto apareciendo recién en el sexto día, por lo que pedimos debe ser suspendida inmediatamente hasta tener un debate serio, democrático y franco", remarcó.
También confluyó en la marcha hasta la plaza Belgrano (en el casco histórico, plaza tradicional de la capital jujeña) una columna del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) de Jujuy, que reclamó por trabajo y mejores salarios y contra la iniciativa del gobernador Gerardo Morales de "reformar la Constitución provincial".
Las organizaciones sociales jujeñas adhieren a la protesta de los docentes, y movilizaron "en defensa del derecho a la protesta, por trabajo y mejor salario", anunciaron en un comunicado.
Además, exigen "medidas económicas urgentes para los más humildes de Jujuy".
"El gobernador (por Morales) dice que no quiere prohibir el derecho a la protesta pero acaba de sacar un decreto que dice que si protestás te manda, sin mediación, directo a la Justicia penal y si sos empleado público (léase docentes, estatales y municipales) te deja a un paso de la cesantía", alertaron desde el FOL de Jujuy, para finalmente concluir que Morales "termina de consolidar así su régimen totalitario".
La Bancaria
La Asociación Bancaria (AB), que conduce el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Sergio Palazzo, repudió hoy el decreto del gobernador jujeño Gerardo Morales que pretende, dijo, imponer "un cuasi estado de sitio" al impedir movilizaciones populares, y se solidarizó con los trabajadores y el pueblo de esa provincia, informó la organización gremial.
Un comunicado firmado por Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, aseguró que la decisión del precandidato opositor a presidente implica "prohibir la posibilidad de expresarse libremente en la provincia, lo que cercena toda libertad de protesta, que fue establecida y está consagrada de manera constitucional en la Argentina", en referencia al decreto 8464.
"La medida, que se ampara en garantizar el libre tránsito y circulación, procura en el fondo callar todas las voces de trabajadores y pueblo en general que no vayan en línea o simplemente no sean del gusto del gobernador y 'sus políticas'". puntualizaron.
La Bancaria calificó la decisión como "un hecho grave" que implica instalar "un cuasi estado de sitio en el que se persiga a todos los que protesten, reprimiéndolos y hasta judicializándolos y encarcelándonos por el solo hecho de querer defender sus derechos".
"Es extremadamente grave que en una Argentina democrática ocurra ese tipo de situaciones, que retrotraen a lamentables épocas pasadas en las que se sembraba el terror y se pretendía gobernar a través del despotismo, el miedo y la persecución de quien pensase distinto. Muchos añoran volver a esos nefastos años, enamorados de la mano dura como único argumento para llevar adelante sus ideas. No hay que permitirlo", dijo.
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