Los trabajadores expusieron su malestar en las redes sociales por el decreto 8464 firmado por el gobernador Gerardo Morales donde prácticamente prohíbe y manda a reprimir toda acción de protesta sea en forma individual o grupal.

Además impone fuerte multa y amenaza con cesantear a cualquier trabajador del Estado que se manifieste en contra del gobierno. 

Los gremios docentes en consecuencia ratificaron la  movilización con la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma” que fue convocada para las 10 por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

Las columnas de manifestantes se concentrarán en las sedes de las diversas organizaciones gremiales convocantes y luego confluyen hasta la plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno provincial, indicaron fuentes sindicales.

En la mesa técnico salarial que se reunió el viernes pasado, representantes del Ministerio de Hacienda de Jujuy acercaron a los gremios "una propuesta salarial superadora", que será evaluada en asambleas zonales de los dos principales gremios de la docencia local.

“Hay un cronograma de asambleas que se viene desarrollando en distintas localidades para brindar en detalle el impacto de esta propuesta salarial”, señaló en declaraciones a la prensa la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) Silvia Vélez.

El Gobierno de la provincia formuló una propuesta que incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable; el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad; y descartar el descuento de los días de paro.

En ese marco, la Adep anunció que realizará un Congreso provincial mañana a las 15 en el salón de la CTA ubicada en calle Ramírez de Velasco de la capital provincial.

De la misma forma, el Cedems movilizará mañana junto a otros sindicatos de la educación, y anoche, como parte del plan de la lucha, se organizaron veladas artísticas en las ciudades de Tilcara, El Carmen, San Salvador de Jujuy y otras localidades.

Sobre la nueva propuesta del Gobierno, la comisión directiva del gremio advirtió que “el básico absorbió conceptos remunerativos bonificables es decir que ya se venían cobrando”.

En un comunicado, el gremio planteó además que la reforma de la Carta Magna provincial que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, y se debate actualmente en una Asamblea Constituyente, "pone en peligro los derechos adquiridos y consagrados en la actual Constitución Provincial".

Sanciones 

"Serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Cuando los protagonistas hicieren caso omiso a dicha intimación, el representante del Departamento Contravencional, los intimará para que de inmediato procedan a dispersarse, restablecer el orden, la normal circulación vehicular y peatonal, bajo expreso apercibimiento de dar intervención directa a la justicia penal, sin perjuicio de la formación de causas contravencionales a las personas humanas,jurídicas, ideales y/o  cualquier  tipo  de  organizaciones,  tengan  o  no  personería jurídica, que hayan  intervenido o  propiciado el hecho" afirme el texto principal del decreto firmado por Gerardo Morales intentando frenar una nueva marcha de los docentes y del  pueblo jujeño que se manifiesta en contra la reforma de la Constitución.

El instrumento legal fue publicado en el Boletín Oficial del día viernes, por lo cual esta en plena vigencia.

Destaca además que "como agravante de la pena prevista en los párrafos anteriores, corresponderá la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta dos (2) años, cuando el contraventor fuere un funcionario nacional, provincial o municipal. Igualmente, para el caso que el contraventor fuere empleado público, además de la multa aplicable y su efectivización a través de sistemas de detracción, la contravención será considerada falta grave, que, en caso de reincidencia, constituirá causa suficiente de cesantía". 

Evidentemente el gobernador co  está norma viola todo derecho y garantías que tiene el ciudadano y que están consagrados en la construcción provincial y nacional referidos a la libertad y al derecho a la protesta, amenazando a los trabajadores con dejarlos sin trabajo en caso de manifestarse en las calles.