“Es el indicador más importante en términos de eficiencia del sistema penal”, expresó el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez, al dar a conocer dicho dato referido al funcionamiento del Poder Judicial a nivel local, ello en el marco de la presentación de informe anual de gestión del organismo.

Detalló que entre el 1° de enero del 2022 y el 30 de septiembre del mismo año, se dictaron un total de 102 sentencias condenatorias y que, a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, el 1° de octubre, hasta mayo de este año, se obtuvieron 491.

En ese sentido, aclaró que las reformas referidas al nuevo Código Procesal Penal están en proceso de puesta en marcha y que primeramente se aplicó con competencia acotada al flagelo de la violencia de género, sexual e intrafamiliar y luego al del narcomenudeo.

Respecto de la actual normativa, Lello Sánchez puso en valor que permitió implementar un sistema procesal acusatorio, que “implica un avance genuino en la administración de Justicia, en el cual el MPA tiene un rol no menor, que es la posibilidad de gestionar causas con mayor celeridad, eficacia y eficiencia, algo que no se podía dar con el Código anterior”.

Acerca de las sentencias condenatorias, ponderó que “antes insumían por lo menos dos o tres años” y que su incremento en un 481 por ciento denota una "mayor eficiencia en lo que es la principal respuesta a darse desde el punto de vista del funcionamiento del sistema penal".

“Da la pauta de la absoluta necesidad que existía de poner en vigencia un sistema acusatorio, que es el único que respeta el debido proceso y brinda respuesta de calidad a las víctimas”, valoró Lello Sánchez.

El funcionario judicial agregó que esa “herramienta brinda soluciones rápidas respecto de la producción del acto de Justicia”, al marcar que también hubo en los últimos siete meses 429 acuerdos abreviados, contra 169 de enero a septiembre de 2022.

Por otro lado, destacó la descentralización de los servicios del MPA a través de la apertura de oficinas y nuevas fiscalías, y una reorganización orgánica desde el punto de vista del funcionamiento de las mismas.

“Se pudo filtrar con mayor eficacia todas aquellas causas que ingresaban al sistema y no eran de competencia penal, entre ellas, cuestiones contravencionales, civiles”, acotó, y que permitieron “reducir sensiblemente causas de las cuales el sistema penal no debía ocuparse: mientras en 2021 ingresaron 14.799 causas, en el 2022 fueron 7.840”.

Como parte del balance de gestión, el Fiscal General de Jujuy finalmente también hizo referencia a un “aumento exponencial de la repuesta del organismo”, que se incrementó en un 37 por ciento el año pasado, con respecto a las respuestas del 2021, mientras se tramitaron un 28.3 por ciento más de causas que en el 2021.