La comisión consignó que, tras los relevamientos realizados, sus integrantes quedaron en condiciones de afirmar que "no existe el estado de Derecho" para muchos jujeños.

En ese trabajo se detalló que, entre 13 y 15 de julio, ese organismo integrado por abogadas, periodistas, trabajadores sociales y organizaciones sociales y sindicales receptó testimonios y denuncias de las "más variadas violaciones a los DD.HH: violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna".

La presentación fue realizada en un acto realizado en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, y contó con la participación del referente social Juan Gabrois; los abogados y miembros de la comisión José Luis Fuentes y Sergio Jobs; la directora de Derechos de los Pueblos de ATE-CTAA Nacional, María José Cano, y Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Grabois señaló que "garantizar el saqueo, el despojo y la dominación geopolítica son los tres elementos que explican por qué Jujuy es el laboratorio de la represión, por qué hay un señor que asumió la suma del poder público de manera totalmente impune", dijo, en referencia al gobernador Gerardo Morales, y prosiguió: "Por qué se persigue a los movimientos sociales y partidos de izquierda para callar cualquier voz, por qué destruyen cualquier personalidad pública que intente tener una voz firme".

Para Grabois, Morales "lo hace porque Jujuy es la profundización de un modelo de extracción sin distribución; extracción del litio, otros minerales y el cannabis".

El dirigente social indicó que "las violaciones a los derechos humanos no podrían suceder sin el pacto de poder que mantiene Morales con el PJ de Jujuy", pidió el tratamiento del proyecto de ley que plantea la intervención del Poder Judicial de esa provincia e instó a instituciones del Estado nacional a que presenten la denuncia por delitos federales relevados en el informe.

"Si el Estado nacional está de acuerdo en que hubo violaciones a los Derechos Humanos y se violó la ley de Seguridad Interior, ¿por qué no puede ser el Estado nacional el que denuncie? Si no, que quede claro que hay una decisión política de no presentarla, de no defender con la firma lo que se dice con el pico", aseveró.

Por su parte, el abogado Jobs señaló que "recibimos denuncias de detenciones con torturas en el marco de una movilización donde se pedían alimentos para comedores y merenderos", y agregó que "una de las detenidas estaba embarazada y la policía la hizo abortar".

A su vez, otro de los miembros de la comisión, José Luis Fuentes, explicó que muchas de las denuncias recibidas tienen que ver con violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que estuvieron "directamente relacionadas a facilitar la radicación de proyectos extractivos de litio y cannabis medicinal".

En este sentido, afirmó que "las instituciones jujeñas que deberían defender los derechos de los pueblos originarios; retrasan los procesos de seguridad jurídica para que no puedan defender el territorio frente al avance de los proyectos extractivos"

Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pidió a todos los organismos de ese ámbito que se comprometan con la causa y advirtió: "Yo lo que vi es un Estado de excepción absoluto donde se violan todas las garantías de la Constitución provincial y nacional".

En la presentación estuvieron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Verónica Caliva, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Itai Hagman, Myriam Bregman, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Juan Marino, además del senador nacional Guillermo Snopek y la directora nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti.