El Expreso de Jujuy
De este modo organizaciones sociales como la CCC, FOL, POB, MRP, Rebelión Popular, Polo Obrero, MTD, UTEP, ATD, Frente 22 de Agosto, AJI 20 y la Multisectorial de gremios se concentraron para iniciar una masiva marcha a raíz de los 15 allanamientos que se produjeron este miércoles en varias sedes y merenderos. En consecuencia se llevo a cabo un fuerte operativo de seguridad con 200 efectivos de la fuerza pública, quienes se apostaron al lugar con la intención de "asegurar la libre circulación de las personas". Cabe destacar que se labararon actas contravencionales, como suelen aplicarse en cada manifestación.
Las organizaciones provinciales exigen el fin de los procedimientos judiciales, como los allanamientos realizados a sedes de algunas organizaciones en la causa que investiga "supuestas extorsiones y la conformación de una asociación ilícita en ese contexto".
La causa la lleva adelanta la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2 a cargo de Diego Funes, ordenó medidas probatorias para investigar hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias.
En este sentido dijo"Varias personas vulnerables socioeconómicamente denunciaron que fueron amenazados y extorsionados con perder sus beneficios sociales si no iban a marchar", sostuvo Funes sobre los polémicos operativos.
"Había muchas denuncias y entrevistas que se hicieron donde las personas explicaron que eran amenazados, como así también que recibían multas si no asistían a una marcha", expresó el Fiscal y agregó que "estas multas se incrementaban según las faltas, además de amenazarlos por varias inasistencias a las marchas".
No obstante, los atropellos por parte del gobierno de Gerardo Morales hacia las organizaciones sociales no dejan de acumularse, llamando la atención de organismos de Derechos Humanos a nivel nacional que repudian enérgicamente el libre accionar de funcionarios públicos.
