La denuncia fue presentada ante la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, particularmente en contra del juez de Ejecución Penal, Carlos Cattan, acusándolo de “mal desempeño”.

Desde la defensa de Milagro Sala indicaron que todas las condenas se encuentran debidamente apeladas en distintas instancias y criticaron que el accionar de Lello Sánchez forma parte de “insistentes” maniobras en contra de la dirigente.

“Hace un largo tiempo que se viene con ese tema. Se encuentran todas las condenas apeladas, pero Lello Sánchez insiste. Lo que se quiere es llevarla a la cárcel y poner a la Argentina fuera de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, alzándose contra la Constitución”, expresó a Télam la defensa de Sala.

En esa misma línea, en la jornada de ayer, integrantes de la Intersindical de Derechos Humanos presentaron una nota dirigida al Fiscal General, exponiendo la situación de "persecución política, judicial y mediática a la que viene siendo sometida Milagro Sala desde el 2016".

“Fiscal General, usted tiene la obligación de velar por la aplicación de la Constitución Nacional y la de Jujuy, pero vemos que no. Vemos que está absolutamente imbuido de un odio personal hacia Milagro Sala que nubla su razonamiento”, le cuestionaron tras argumentar múltiples irregularidades en los procesos desarrollados.

En tanto, hacia el final del escrito, le exigieron que “deje de extorsionar a jueces y juezas de Jujuy” y que “se someta al estricto cumplimiento de las Resoluciones de la CIDH, Corte IDH y la CSJN, que ordenaron que Milagro transcurra el proceso en libertad”.

Por su parte, el fiscal general sustentó la acusación de dilaciones exponiendo que están en condiciones de ser ejecutadas las condenas correspondientes a dos causas: la conocida como “Pibes Villeros" y otra por amenazas coactivas, que “en febrero del 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de 2 años de prisión”.

También, se argumenta que “las dilaciones están impactando negativamente en la correcta administración de justicia, desnaturalizando la pena impuesta y negando a la condenada el imprescindible tratamiento penitenciario con fines de lograr una beneficiosa reinserción social a través del cumplimiento del régimen de progresividad de la que se ve privada en razón de la falta de contracción laboral y apego a las normas que rigen la tarea del juez Cattan, quien a la fecha continúa sin aplicar la ley”.

Entre otras cuestiones, también se hace mención a la medida cautelar dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde noviembre de 2017 y se señala que “dispuso solamente que la prisión preventiva sea cumplida de manera morigerada, ergo, no existe ningún impedimento para que la pena de prisión sea ejecutada como se debe, esto es, en un establecimiento carcelario”.

En ese marco, Lello Sánchez finalmente insta a que “se emplace a quien corresponda en relación a los procesos de ejecución de las condenas dictadas en contra de Milagro Sala para que inicien la ejecución de las penas, realicen su cómputo y dispongan el traslado de la condenada a una cárcel común para comenzar el tratamiento penitenciario” y se “proceda a la unificación de las dos condenas recaídas” en su contra.