“Existen faltantes de elementos que garanticen la salud de los trabajadores, sus familias y la población de la zona de la Mina Aguilar a partir del "incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno local" denunciaron desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
JUJUY03 de noviembre de 2021
El Expreso de Jujuy
En un documento rubricado por secretario general de la Héctor Laplace advirtió que el gobernador Gerardo Morales incumplió acuerdos firmados con los trabajadores luego del cierre de la mina por parte de la empresa Glencore, propietaria de ese yacimiento.
El sindicalista denunció esos incumplimientos y, en otro orden, sostuvo que el gremio siempre fue partidario de "la inclusión de la mujer en la actividad de la industria", para lo cual la entidad impulsó la modificación del Código de Minería, que prohibía esa posibilidad.
"La Aoma fue pionera en la tarea de impulsar herramientas para que la mujer se incorpore al sector. Tiene que tener mayor participación, al igual que los jóvenes", dijo Laplace, quien también se pronunció por la necesidad de que trascienda "la incidencia de la industria minera en las comunidades cercanas a los proyectos" en marcha.
Al ratificar los incumplimientos de los acuerdos firmados por el gobierno jujeño en Mina Aguilar, el sindicalista sostuvo que afectan la salud y la seguridad, ya que faltan ambulancias y medicamentos y "no hay garantías para quienes realizan mantenimiento".
Las nuevas autoridades de la Asociación del Personal de la Legislatura (APL -Jujuy), asumieron sus funciones en el marco de un proceso de renovación institucional que reafirma la participación democrática de los trabajadores del Poder Legislativo.
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir participó, de una mesa redonda con la Junta Directiva de Río Tinto, empresa minera que invierte en el proyecto litífero Olaroz que se desarrolla en Jujuy, tras adquirir la compañía Arcadium Lithium.
Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina detectó a un grupo de trabajadores de nacionalidad china que trabajaban en forma ilegal en una empresa ubicada dentro del Parque Industrial de Ciudad Perico.
En el marco de la segunda Sesión Especial del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, prestó juramento como concejal Sol Melina de Lourdes Doguino, que reemplaza - por ser la primer suplente- en el cargo a Keila Zequeiros.
Docentes de los distintos nivel, consideran como positivo el avance que se logró en la Legislatura de la Provincia, donde se logró la aprobación de una "nueva grilla de calificación docente".
Hasta hoy la relación del gobernador Carlos Sadir y los intendentes, se centraba en el envío de un proyecto de ley para reformar o crear un nuevo régimen de reparto de fondos provinciales a los municipios, promesa realizada desde principio de año, generando expectativas y promesas en la Legislatura jujeña durante el año 2025.
El caso recién salió a la luz, pero la estafa se venía sosteniendo desde hace más de dos años, según las denuncias de los afectados. Una ex alumna habría contactado a estudiantes de esa casa de Estudios, ofreciéndole descuentos de hasta un 20% durante varios años. Recibía ese monto, pero nunca iba a las arcas de la Universidad.
El pedido de imputación y detención inmediata contra el ex Fiscal General Sergio Lello Sánchez y el actual Senador de LLA, se realizó en el marco de una causa donde estuvo imputado el empresario Facundo Pederiva.
El próximo titular del centenario partido, será el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, de 36 años. Llega con el respaldo de Maxi Pullaro, el gobernador jujeño Carlos Sadir y Gustavo Valdez.
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir participó, de una mesa redonda con la Junta Directiva de Río Tinto, empresa minera que invierte en el proyecto litífero Olaroz que se desarrolla en Jujuy, tras adquirir la compañía Arcadium Lithium.
Empleados del Poder Judicial de la provincia, no fueron incluidos en el pago del bono de fin de año. Freddy Berdeja Secretario General del gremio judicial, no supo dar explicaciones a esta decisión del gobierno, que afectará al menos a 800 trabajadores que estarían en condiciones de percibir esa ayuda.