El Expreso de Jujuy
Ingresarán los pedidos de acuerdo enviados por el gobernador, Gerardo Morales, para la designación de la Dra. Graciela Alejandra Silva, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de familia, sede Libertador General San Martín; la Dra. Jaqueline de los Ángeles Araez como Juez del Tribunal de Familia, sala III, vocalía Nº 7 de San Pedro; a la Dra. Alejandra Daniela Torres como Juez en Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia en Perico; y la Dra. Teresa Lewin Nakamura como Juez Tribunal de Familia, sala II, vocalía Nº6 de San Salvador. También ingresará el pedido para que el C.P.N. Carlos Romeo Alfonso sea designado como Vocal Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia, cargo que quedó vacante debido a que el Adm. De Emp., Juan Brajcich irá como Vocal de la SuSePu.
El miércoles se harán las entrevistas correspondientes en la Comisión de Asuntos Institucionales para poder sesionar el día jueves y aprobar los acuerdos.
El presidente del Bloque Primero Jujuy, Gaspar Santillán, comentó que se tratará la modificación de la Ley Nº 4888 relacionada con el marco regulatorio de la actividad eléctrica de la Provincia; y la adhesión a la Ley Nacional N.º 27592 o Ley Yolanda, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.
“También ingresarán los proyectos de distintos diputados de la legislatura. Esperemos que mañana sea un día de debate en el recinto y todos podamos ejercer nuestra labor como Diputados”, concluyó Santillán.
Cabe destacar que mañana también ingresarán los pedidos de acuerdo para designar a quienes representarán al Poder Ejecutivo y al Legislativo en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, que fue creado a través de la Ley 6137. El mismo debe estar conformado por un miembro designado a propuesto por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y uno por las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos reconocidas legalmente y en actividad vigente.
