Vecinos del barrio Campo Verde, de la capital jujeña, encabezaron hoy una marcha de reclamo exigiendo "basta de represión" al Gobierno de la provincia, tras desmedidos operativos policiales por un espacio verde en conflicto, que alcanzaron ayer su jornada más violenta.
JUJUY18 de marzo de 2021
Fernando Burgos
La manifestación fue acompañada por distintas organizaciones de la provincia y demandó también la inmediata liberación de cinco personas detenidas ayer en medio de lo que fue, según denuncian, una "brutal represión", con el disparo de balas de goma, gases lacrimógenos y el despliegue de más de 300 policías.
"Basta de represión", "No a la criminalización de la protesta" y "Libertad ya a los detenidos" fueron algunas de las expresiones plasmadas en carteles por parte de los manifestantes, que recorrieron arterias de la ciudad capital, llegaron a la Casa de Gobierno provincial y a sedes judiciales.
El conflicto deriva de la determinación del Gobierno de Gerardo Morales de construir un establecimiento escolar en un predio del barrio Campo Verde, que vecinos de la zona señalan como el "único pulmón verde" del lugar y por ello buscan que se preserve.
"Cancha sí, escuela sí" es la consigna bajo la cual hace más de una semana se vienen manifestando, hasta con permanencias pacificas en el predio y que llevaron a un operativo de desalojo el lunes 8 y a otro en la jornada de ayer, ante el inicio de las obras de la escuela.
Ayer, la represión estuvo a cargo de más de 300 agentes de los cuerpos de infantería, caballería y otras divisiones de la policía de la provincia, y terminó con la detención de las cinco personas respecto de las cuales se reclama su inmediata libertad.
"El Gobernador cree que da una orden y todos tienen que acatar sin más lo que dice. Lo votamos para que vea lo que la gente necesita", dijo durante la manifestación la madre de uno de los detenidos, que además acusó que les están inventando causas para mantenerlos privados de su libertad y también apuntó contra los medios de comunicación locales por la falta de difusión del conflicto.
En repudio de la violencia ejercida ayer, múltiples organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos de la provincia salieron a expresar su repudio, inclusive desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que el jueves pasado ya había enviado un pedido de informe por denuncias de irregularidades en el episodio represivo del lunes 8.
En torno a dicho pedido se expresó hoy el Ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, quien afirmó que "no hubo represión, sino una agresión de los manifestantes".
Dijo también que "no se utilizaron elementos de represión" y que la policía lo único que hizo fue "tratar con sus escudos de cubrirse".
Además, respecto a la ausencia de una orden judicial para el desalojo del predio, como reclamaron los vecinos, el funcionario jujeño dijo que "no hacía falta" porque se desarrollaba una "tarea preventiva de cuidar el patrimonio y la seguridad de los trabajadores de la empresa".
Las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos que se sumaron a la marcha de repudio contra lo sucedido en Campo Verde, también se encontraban movilizando y protestando hoy frente a la Casa de Gobierno por un juicio contravencional programado para la jornada contra dirigentes y organizaciones de la provincia.
Las contravenciones en cuestión, por las que denuncian "criminalización de la protesta", fueron emitidas tras una manifestación el pasado 15 de diciembre y afectan a unos diez dirigentes y cinco organizaciones, por haber interrumpido el tránsito vehicular y supuestamente violar normas relativas al distanciamiento social.
La Unión de Empresarios planteó al gobernador de la provincia Carlos Sadir la preocupación del sector por cierre de empresas locales debido a la caída de la actividad económica. Además planteó como positivo las reformas que se trabajan desde Nación para mejorar la competitividad en las empresas.
Con el objetivo de promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de la detección temprana de la diabetes, profesionales de la salud desarrollan actividades informativas y de control en distintos puntos de la provincia.
Agua Potable de Jujuy detectó una pérdida de agua en la Ciudad de Palpalá, pese al normal funcionamiento de sus plantas. Tras una extensa inspección, se descubrió que un vecino del Barrio Gral. Savio estaba realizando una conexión clandestina de agua y cloaca.
El SAME recibió nuevos móviles de itinerancia destinados a fortalecer la atención sanitaria en las zonas más alejadas de los principales centros de salud de la provincia. La inversión busca mejorar el sistema de recorridos que llevan equipos médicos a distintos puntos del territorio jujeño.
Con el objetivo de garantizar un mejor servicio, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) estableció nuevos valores de la consulta médica y de especialistas, a los efectos de que el afiliado pueda contar con una correcta cobertura y se respeten los importes convenidos con los colegios de profesionales.
Culminó un mes de actividades de visibilización y prevención sobre el cáncer de mama. El mandatario provincial valoró el fortalecimiento del sistema público de salud para la detección precoz de la enfermedad.
La Policía de la Provincia de Jujuy intervino en múltiples hechos ocurridos durante el fin de semana, entre ellos una violenta gresca en la ciudad de San Pedro, que dejó como saldo una víctima fatal y varios demorados.
Una mañana siniestra en la capital jujeña. Un total de nueve vehículos se vieron involucrados en tres siniestros consecutivos ocirridos en menos de un kilómetro en el acceso norte a la capital jujeña.
La interna en el Partido Justicialista Distrito Jujuy está a punto de estallar. La actual dirigencia encabezada por Leila Chaher armó una lista de 500 afiliados que debían ser suspendidos y se lo llevó a Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en sanciones. Intervino el actual presidente en ejercicio del PJ José Mayans y dejó todo sin efecto y aprobó realizar una nueva convocatoria a elecciones internas para el mes de marzo y posibilitar una participación amplia de todos los sectores del peronismo.
El accionar de la justicia está vinculado a un posible caso de narcotráfico, en el marco de una investigación que lleva adelante la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti. En la jornada de hoy se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.
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