El Expreso de Jujuy
Referentes de distintas comunidades originarias de Jujuy se pronunciaron en respaldo de Lucía Apaza, presidenta de la Comunidad Aborigen Coya de Caspalá, y cuestionaron el accionar de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, a la que acusaron de desconocer la representación de la dirigente en medio de un conflicto que ya fue llevado a la Justicia Federal.
Apaza aseguró que conserva en su poder la documentación de la comunidad que, según sostuvo, había sido señalada como extraviada. Entre los elementos mencionó libros de actas, censos y la constancia de nombramiento, cuya vigencia se extendería hasta julio de 2026.
“Yo tengo todo en mi poder y hoy lo demostré”, afirmó la dirigente, quien reclamó que la Justicia Federal avance con la investigación y garantice “una transparencia clara y precisa”.
Según explicó, el conflicto estaría relacionado con los reclamos que la comunidad mantiene en torno a la situación de un predio destinado a actividades deportivas. En ese contexto, Apaza denunció que se habría intentado desconocer su autoridad mediante el reconocimiento de otra representante comunitaria.
La dirigente cuestionó directamente a la Secretaría de Pueblos Indígenas y a su titular, Yolanda Cruz, y sostuvo que la intervención del organismo provincial habría terminado favoreciendo la posición del Gobierno provincial frente a los reclamos de la comunidad.
Respaldo de otras comunidades
El planteo de Apaza recibió el respaldo de referentes de otras comunidades originarias. Una de ellas fue Rosa Gutiérrez, integrante de la Comunidad Aborigen Tucapacha de Los Alisos, quien relató las dificultades que atravesó su organización para obtener la personería jurídica.
Gutiérrez afirmó que su comunidad inició el trámite en 2020 y que debió atravesar durante años distintas instancias administrativas. Según relató, durante aproximadamente un año tuvieron que realizar correcciones y presentaciones ante la Secretaría de Pueblos Indígenas hasta obtener finalmente la personería jurídica, después de haber denunciado al organismo.
En relación con Caspalá, consideró que existe un “fraude total” y cuestionó que un organismo estatal intervenga en las decisiones internas de una comunidad.
“La Secretaría no tiene por qué meterse en las decisiones de la asamblea de la comunidad original”, sostuvo.
La dirigente también afirmó que la representación alternativa que se habría intentado instalar respondería a una comisión municipal vinculada con el oficialismo, aunque esa acusación fue formulada por la referente y no cuenta, en esta instancia, con una resolución judicial que la confirme.
Pedido de investigación a la Justicia Federal
Carlos, referente del espacio Defender Territorio, aseguró que unas 60 comunidades respaldan a Apaza como autoridad de la Comunidad Aborigen Coya de Caspalá.
“Ella tiene toda la documentación, tiene los censos, tiene los libros de actas”, afirmó, al cuestionar nuevamente el accionar de la Secretaría de Pueblos Indígenas.
El dirigente reclamó además que la Justicia Federal acelere las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias presentadas por integrantes de Caspalá.
Los referentes sostienen que el conflicto no se limita a una disputa interna por la representación comunitaria, sino que se encuentra atravesado por reclamos vinculados con el territorio, el acceso al agua y la defensa de los bienes naturales.
Durante el encuentro también cuestionaron distintas políticas oficiales y advirtieron sobre lo que consideran un avance sobre territorios y recursos que pertenecen a las comunidades.
En ese marco, remarcaron que continuarán organizándose y anunciaron que analizarán nuevas acciones judiciales para defender sus derechos territoriales.
La disputa por la representación de Caspalá queda ahora bajo análisis de la Justicia Federal, mientras las comunidades reclaman que se determine quién cuenta con la documentación y legitimidad correspondiente para ejercer la representación de la comunidad y que se esclarezcan las actuaciones realizadas por los organismos provinciales.
