El Expreso de Jujuy
La polémica por los haberes de la ministra de Educación, Daniela Teseira, sumó un nuevo capítulo en la Legislatura de Jujuy. El bloque de La Libertad Avanza provincial presentó un nuevo pedido de informe para conocer, con documentación oficial, cuánto percibió la funcionaria desde su asunción hasta el mes en curso.
El planteo apunta a obtener los recibos de sueldo y el detalle de cada uno de los conceptos que integraron sus haberes mensuales, tanto en bruto como en neto.
El diputado provincial Kevin Ballesty sostuvo que la Legislatura debe ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y consideró necesario terminar con las dudas que surgieron públicamente en torno a las cifras atribuidas a la titular de la cartera educativa.
Reclamo por transparencia
“Queremos que la Legislatura tenga conocimiento pormenorizado y oficial”, explicó Ballesty, al señalar que la documentación permitirá determinar cuánto cobró la ministra mes a mes y cuáles fueron los rubros que conformaron sus ingresos.
El legislador vinculó además el reclamo con la situación salarial de los docentes jujeños, quienes mantienen periódicamente reclamos por mejoras en sus ingresos.
En ese contexto, consideró que resulta especialmente sensible que mientras los trabajadores de la educación discuten aumentos salariales, circulen versiones sobre remuneraciones millonarias de una funcionaria que tiene bajo su responsabilidad el área educativa.
Ballesty mencionó cifras de entre 15 y 16 millones de pesos mensuales, aunque remarcó que el objetivo del pedido de informe es precisamente determinar, mediante documentación oficial, cuál fue el monto efectivamente percibido y cómo se conformó.
El reclamo también puso bajo cuestionamiento la actitud de la propia Legislatura. Para La Libertad Avanza, el Parlamento provincial no debería convertirse en un ámbito donde los pedidos de explicaciones queden demorados o pierdan impulso con el paso del tiempo.
La falta de respuestas oficiales, según Ballesty, alimenta las sospechas en lugar de disiparlas. El diputado sostuvo que el Gobierno debería entregar rápidamente la documentación y permitir que los números sean conocidos y analizados públicamente.
La discusión adquiere mayor relevancia porque se trata de recursos públicos y de una funcionaria que ocupa uno de los cargos más importantes de la administración provincial.
Si existen dudas sobre el salario de una ministra, la respuesta institucional no debería ser el silencio ni la demora: debería ser la documentación.
¿Interpelación para Teseira?
Ballesty anticipó que, si persisten las dudas o aparecen inconsistencias en la información, desde el bloque podrían avanzar con un pedido de interpelación a la ministra de Educación.
El objetivo sería que Teseira concurra a la Legislatura para brindar explicaciones y responder las preguntas de los legisladores.
El diputado también planteó que, si eventualmente se comprobara que la funcionaria percibió sumas que no correspondían legalmente, debería analizarse el mecanismo para que esos recursos sean reintegrados al Estado.
Aclaró, no obstante, que no está afirmando que haya existido una irregularidad, sino que corresponde investigar y determinar qué ocurrió a partir de documentación oficial.
Otro de los puntos planteados por Ballesty fue qué sucedería si Teseira dejara su cargo antes de que concluya el proceso de investigación.
El legislador sostuvo que una eventual renuncia no eliminaría la obligación de explicar decisiones adoptadas durante su gestión ni impediría determinar si existieron irregularidades.
“Las decisiones que se tomaron fueron en el ejercicio de su función”, sostuvo, al remarcar que una eventual salida del gabinete no debería cerrar el debate sobre los fondos públicos percibidos.
Por ahora, el pedido de La Libertad Avanza vuelve a poner a la Legislatura frente a una pregunta incómoda: ¿está dispuesta a controlar al Poder Ejecutivo y exigir las explicaciones correspondientes, o permitirá que el tema se diluya con el paso del tiempo?
En una provincia donde el salario docente constituye uno de los principales conflictos de la agenda educativa, la transparencia sobre los ingresos de sus máximas autoridades debería ser una cuestión básica de institucionalidad y rendición de cuentas.
