El Expreso de Jujuy
La conducción del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) se reunió con la Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy para plantear una serie de reclamos vinculados con decisiones recientes del Ministerio de Educación.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la difusión de listados de docentes a los que se atribuirían presuntas irregularidades en la presentación de documentación. Para Sosa, la situación expone públicamente a trabajadores sin que exista, según afirmó, una investigación penal que determine responsabilidades.
“Estamos en democracia y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, sostuvo la dirigente, quien reclamó garantías y procedimientos ajustados a derecho frente a acusaciones que consideró de extrema gravedad.
Reclamo por los listados de docentes
Sosa señaló que existe una presunción de defraudación vinculada con la presentación de documentación, pero cuestionó que el foco de las medidas esté puesto exclusivamente sobre los docentes.
La secretaria general del CEDEMS sostuvo además que ningún docente habría sido notificado, hasta el momento, de una imputación penal por delitos como defraudación o falsificación.
En ese sentido, remarcó que el Ministerio de Educación no tiene facultades propias de una fiscalía para investigar delitos penales ni para establecer responsabilidades judiciales.
Además, según explicó, los legisladores se comprometieron a solicitar explicaciones al Ministerio de Educación sobre las medidas adoptadas y sus fundamentos.
La dirigente también vinculó este escenario con el concurso para cargos directivos, cuyo desarrollo se encuentra demorado y que, según planteó, podría estar relacionado con las últimas disposiciones difundidas por la cartera educativa.
Intervenciones en los IES
Otro de los temas abordados durante la reunión fue la situación de los Institutos de Educación Superior (IES), particularmente las intervenciones y los procedimientos utilizados para llevarlas adelante.
Sosa cuestionó las acusaciones que acompañan algunas de estas decisiones y planteó situaciones que, según el gremio, podrían configurar casos de hostigamiento laboral.
Entre ellas mencionó el caso de una bibliotecaria a quien, según relató, se le comunicó de manera repentina que dejaría de prestar servicios en esa institución y sería trasladada a otro establecimiento.
Críticas a una política que genera perjuicios
Para Sosa, las distintas situaciones forman parte de un escenario que el gremio interpreta como una política de “avasallamiento, exposición, escarnio y acusación”.
La dirigente advirtió que estas decisiones también podrían terminar generando consecuencias económicas para el Estado provincial si los docentes recurren a la Justicia y obtienen resoluciones favorables.
Finalmente, Sosa aclaró que el CEDEMS no cuestiona la necesidad de investigar eventuales irregularidades ni de proteger la trayectoria y la formación docente. Sin embargo, insistió en que cualquier investigación debe respetar los procedimientos legales.
