Denuncia de FOPEA: GRAVE ATAQUE DEL GOBIERNO DE JUJUY A LA LIBERTAD DE PRENSA

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) salió al cruce de la administración provincial tras comprobarse presiones directas para censurar una nota sobre la interna oficialista y el posterior retiro de la pauta oficial al semanario El Expreso de Jujuy.
JUJUY16 de noviembre de 2026El Expreso de JujuyEl Expreso de Jujuy
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La libertad de expresión en Jujuy atraviesa uno de sus momentos más oscuros y bochornosos. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un durísimo pronunciamiento en el que condena formalmente el intento de censura previa y las represalias económicas ejecutadas desde el poder político contra el semanario El Expreso de Jujuy. 

El episodio desnuda una práctica autoritaria que confunde la administración de los recursos del Estado con el manejo de una chequera personal destinada a premiar la obsecuencia y castigar la independencia periodística.

La entidad cuestionó con dureza el accionar del secretario de Comunicación, Alberto Siufi, quien operó para frenar una tapa sobre la interna oficialista y luego se amparó en excusas presupuestarias sin presentar un solo papel.

El episodio desnudó una práctica autoritaria que confunde la administración de los recursos del Estado con el manejo de una chequera personal destinada a premiar la obsecuencia y castigar nuestra independencia periodística.

El conflicto estalló a raíz de nuestra edición N.º 975, publicada el sábado 24 de octubre. En aquella portada, titulada «Posadas y el descontrol...» —y desarrollada en páginas interiores bajo el encabezado «Posadas, incendio y después...»—, abordamos las esquirlas políticas de la interpelación legislativa al ministro de Turismo, Federico Posadas, y las profundas fracturas que ese episodio expuso dentro del propio oficialismo jujeño.

Lejos de tolerar el escrutinio público sobre un tema de evidente interés ciudadano, el aparato gubernamental activó un operativo de apriete contra nuestra redacción. El viernes 23 de octubre, funcionarios provinciales comenzaron a llamar a los responsables de este medio exigiendo que bajáramos la nota de tapa, bajo el insólito argumento de que se trataba de «un asunto de la interna gubernamental» en el que la prensa no debía involucrarse.

La gravedad institucional del hecho escaló en las primeras horas del sábado 24, antes de que nuestra edición ganara la calle. Tal como quedó asentado en la denuncia respaldada por FOPEA, el propio secretario de Comunicación y Prensa de la provincia, Alberto Siufi, envió un mensaje de audio a nuestro editor insistiendo en que levantáramos la publicación.

El rol que desempeñó Siufi resultó incompatible con la función pública en un sistema democrático. En lugar de garantizar el acceso a la información y un vínculo transparente entre el Estado y los medios, el funcionario optó por actuar como un comisario político, intentando dictar desde su despacho qué podíamos publicar y qué debía ocultarse a los jujeños.

Cuando desde El Expreso de Jujuy decidimos honrar nuestro compromiso con los lectores y publicamos la investigación, la respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar por la vía de la asfixia financiera. De manera inmediata, el Gobierno dejó de remitirnos el material de pauta oficial que recibíamos habitualmente en cada edición semanal. A partir de ese momento, el mismo funcionario que había tenido tiempo y premura para enviar audios pidiendo censurar nuestra tapa, optó por el silencio absoluto y dejó de responder a nuestros pedidos de explicación.

 Excusas sin papeles

Ante la intervención del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA —y tras la intimación formal que enviamos por correo electrónico el jueves 12 de noviembre solicitando formalmente la restitución del aviso pubilictario del gobierno—, Siufi ensayó una defensa burocrática tan previsible como endeble.

Negó la existencia de represalias y atribuyó el corte de la pauta contra nuestro medio a una supuesta «readecuación presupuestaria y de criterios técnicos de difusión» de carácter general.

Sin embargo, el descargo oficial dejó más dudas que certezas. El secretario de Comunicación eludió por completo referirse al mensaje de audio en el que exigió bajar nuestra nota y tampoco aportó un solo documento que respalde esa supuesta reestructuración presupuestaria.

Para FOPEA, la cronología de los hechos desbarató el relato oficial. La coincidencia temporal entre los llamados de apriete y la quita inmediata de la publicidad configuró un caso testigo de censura indirecta, una maniobra expresamente prohibida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

En su resolución, la entidad periodística le recordó al Gobierno de Jujuy la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el histórico fallo «Editorial Río Negro S.A. c/ Provincia de Neuquén» (2007). Allí, el máximo tribunal estableció con claridad meridiana que, si bien la pauta oficial no es un derecho adquirido, el Estado tiene terminantemente vedado utilizarla como un mecanismo de castigo o condicionamiento frente a contenidos críticos.

La actitud de Alberto Siufi y de la administración provincial expone una preocupante degradación institucional. Los fondos destinados a la publicidad oficial pertenecen a los contribuyentes jujeños y tienen como único fin informar sobre los actos de gobierno, nunca financiar la obediencia ni funcionar como un garrote financiero para intentar disciplinarnos por contar lo que el poder prefiere esconder.

 

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