Fernando Burgos
La universidad pública se concibe como un bastión del pensamiento crítico, el debate plural y la construcción colectiva de conocimiento. Sin embargo, lo ocurrido en la Facultad de Humanidades de la capital jujeña desnuda una realidad mucho más oscura: un grupo de estudiantes, vinculado a sectores de la izquierda, impidió físicamente el ingreso a un alumno por su adhesión a otro signo político. Y lo más preocupante no es solo el hecho en sí —ya de por sí inaceptable—, sino la silenciosa y peligrosa inacción de las autoridades de la facultad.
Los hechos son claros. En el acceso principal sobre calle Otero, un estudiante regular fue interceptado, hostigado y ridiculizado por un colectivo de militantes que se autoperciben guardianes de la virtud revolucionaria. No hubo discusión ideológica, ni debate, ni propuesta: hubo violencia, intimidación y una clara voluntad de excluir al diferente. Eso no es política universitaria, es “patoterismo con pretensiones doctrinarias”.
Frente a esto, el silencio de los directivos es ensordecedor. No solo no intervinieron para detener el hostigamiento en el momento, sino que tampoco han mostrado intención alguna de prevenir estos episodios, investigar a los responsables o aplicar sanciones ejemplares. Mientras tanto, los agresores siguen transitando los pasillos como si nada, y la víctima —que solo quería estudiar— carga con el temor y la humillación. ¿Dónde está el deber de cuidado que toda casa de estudios debe garantizar?
La política partidaria no puede ni debe estar por encima del derecho a estudiar. Militar no habilita a nadie a ejercer censura de hecho, ni a doblegar el acceso a la educación pública bajo amenazas. Quienes hoy impiden el ingreso de un compañero por pensar distinto están reproduciendo las mismas lógicas autoritarias que dicen combatir. Y quienes, desde la dirección, miran para otro lado, se convierten en cómplices de la degradación de la convivencia democrática.
Si la Facultad de Humanidades de Jujuy no actúa con firmeza —abriendo sumarios, expulsando a los responsables y reparando el daño causado— estará enviando un mensaje letal: en esta casa de estudios, la violencia política de izquierda se tolera, y el pluralismo se sacrifica en el altar del oportunismo militante. La comunidad educativa entera debe exigir respuestas. Hoy fue un estudiante; mañana podría ser cualquier otra voz disidente.
