El Expreso de JujuyA más de tres meses de lo que debió ser un acto protocolar de renovación legislativa, la edil electa sigue sin poder jurar y advierte sobre un grave “avasallamiento” a la voluntad popular.
El conflicto se desató el pasado 10 de diciembre de 2025, durante la sesión preparatoria del cuerpo. Esa noche, la policía impidió el ingreso de López y de su compañero de lista, Gustavo Farfán, aduciendo que pesaba sobre ellos una supuesta “inhabilidad moral” basada en denuncias previas. De los tres concejales electos en mayo, solo se le permitió asumir a Silvano Velázquez, hermano del intendente Dante Velázquez.
Tras semanas de litigio, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, María Eugenia Nieva, hizo lugar a una medida cautelar por “conflicto de poderes” y ordenó la inmediata incorporación de Marcela Silvana López a su banca. El fallo, emitido a finales de febrero, fijaba un plazo de diez días para que el Deliberante acatara la manda judicial, cuyo vencimiento operó el pasado 5 de marzo. Sin embargo, el cuerpo legislativo continúa en desobediencia.
“Quince días de desobediencia judicial”
Este viernes, en inmediaciones de la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, la concejala electa anunció la radicalización de sus medidas. López presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación contra los responsables del Concejo Deliberante de La Quiaca por incumplir la orden del máximo tribunal provincial.
“En el día de hoy se cumplen 15 días de la desobediencia judicial que está realizando el Concejo Deliberante al no dejarme asumir”, afirmó López, quien viajó especialmente a la capital para formalizar la presentación.
La edil electa desmintió los argumentos esgrimidos por el oficialismo local para dilatar su jura. Según la versión de los concejales afines al intendente Velázquez, la falta de quórum impediría convocar a la sesión especial necesaria para su incorporación. “Ellos argumentan siempre que no hay quórum, pero hemos comprobado que sí hacen sesiones. Hay ordenanzas publicadas en el boletín oficial durante este período, lo que demuestra que el cuerpo sigue funcionando, pero no cumplen con la sesión específica para hacernos asumir”, remarcó López.
Un bloqueo con consecuencias económicas
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el costo que esta desobediencia judicial está generando para el erario municipal. En su fallo, el tribunal estableció multas diarias (astreintes-sanciones económicas impuestas por un juez) para el caso de incumplimiento. Según los cálculos de la concejala electa, el monto ya supera el millón de pesos, una cifra que, denunció, terminará pagando el contribuyente quiaqueño. “Ya estamos rondando el millón de pesos en astreintes que termina pagando la ciudad. Es realmente lamentable que lleguemos a esto”, expresó.
Un armado político
El trasfondo del conflicto excede lo meramente administrativo. La lista del MUI, encabezada por Gustavo Farfán y la propia Marcela López, fue la gran ganadora de los comicios de mayo de 2025 en la ciudad puneña, logrando introducir dos concejales con 3.500 votos. El triunfo rompió la hegemonía del oficialismo que responde al intendente Dante Velázquez y lo dejaba en minoría en el legislativo local. De hecho, según un acuerdo tácito en la política quiaqueña, Farfán debía asumir la presidencia del Concejo Deliberante, un órgano clave para el control de las finanzas municipales.
El argumento de la “inhabilidad moral” esgrimido por los ediles oficialistas se basó en denuncias previas por la supuesta superposición de funciones. Se le recriminaba a López haber percibido dos remuneraciones simultáneas como secretaria parlamentaria y empleada municipal a fines de 2023. Sin embargo, la Justicia provincial determinó en su fallo que la suspensión fue arbitraria y que se violó su derecho de defensa. Asimismo, López presentó documentación del Ministerio Público de la Acusación que desestima las causas por falta de sustento.
“Vinimos a controlar y no nos pueden comprar. Esto es un armado político del intendente porque no le conviene tener un Deliberante opositor que revise las cuentas de la Zona Franca o las fiestas populares”, había denunciado previamente la edil electa, en referencia a los millonarios fondos que se manejan en el principal paso fronterizo de la Puna.
Un precedente que daña la democracia
La situación de López no es un hecho aislado. El Concejo Deliberante de La Quiaca ya ha sido protagonista de otros episodios donde se impidió la asunción de concejales electos. El caso de la concejala trans Rosalinda Ancasi, quien también se vio impedida de asumir en su momento, refleja un patrón de obstrucción a la representación de las minorías.
Para la concejala electa del MUI, la desobediencia judicial sienta un peligroso precedente. “Se están avasallando derechos fundamentales, como el respeto a la democracia y al voto popular. No puede ser que, existiendo una orden judicial, no se cumpla. Esto es una falta de respeto a los 3.500 ciudadanos que nos votaron”, concluyó López, quien aseguró que continuará asistiendo diariamente al edificio legislativo para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto a la voluntad popular.
