El Expreso de Jujuy
Uno de los puntos más críticos señalados durante la exposición es el cambio de paradigma sobre la responsabilidad estatal. El proyecto redefine el rol del Estado como meramente “subsidiario”, desplazando la concepción de la educación como un bien público garantizado por la nación.
El énfasis se traslada a la familia como el “agente natural y primario” de la educación de sus hijos.
Se promueve activamente la escolarización en el hogar (homeschooling).
Se reconoce la validez de servicios de educación abierta, tanto sistemáticos como asistemáticos, permitiendo que cualquier persona humana o jurídica ofrezca enseñanza fuera del sistema formal.
El rol de las jurisdicciones se limitaría a la acreditación de saberes, sin intervenir en métodos ni orientaciones pedagógicas.
Se analizó que la reforma plantea un giro drástico en la administración de los recursos: el paso del financiamiento de las instituciones al financiamiento de la demanda. Advirtiendo que este esquema de “vouchers” individuales entregados a las familias para escuelas privadas pone en riesgo la estabilidad de los establecimientos públicos que sostienen el sistema en todo el territorio.
Los docentes también alertaron que el proyecto incluye medidas que impactan directamente en la labor docente y sus derechos laborales:
Se declara a la educación general básica como un “servicio esencial”, imponiendo una “continuidad mínima” durante medidas de fuerza. Para el gremio, esto representa un ataque directo e insostenible al derecho constitucional de huelga.
Se introducen pruebas al finalizar la primaria y secundaria, ignorando la importancia de la evaluación procesual y formativa que realizan los docentes en el aula.
El proyecto avanza hacia una evaluación docente de carácter “punitivo”, ligada estrictamente a criterios meritocráticos.
Esta primera instancia de discusión, aseguraron los expositores, marca el inicio de un plan de análisis pormenorizado que el gremio llevará adelante a través de diferentes actividades. Los docentes fueron categóricos al concluir que esta ley representa una vulneración de derechos para toda la comunidad educativa.
"De ninguna manera dejaremos avanzar esta ley", sentenciaron, dando paso a una etapa de organización y movilización para defender la educación pública, gratuita y de calidad.
