El Expreso de Jujuy
1997 no pasó: advirtió. No fue una anomalía ni un exceso aislado del sistema democrático; fue el momento en que la democracia argentina quedó brutalmente expuesta. El asesinato de un fotógrafo no constituyó solo un crimen atroz: fue un mensaje mafioso, claro y disciplinador, dirigido a quienes investigan, preguntan y se niegan a aceptar el silencio como norma. Cuando el periodismo cumple su función real, mirar donde no se quiere que se mire, deja de ser tolerado y pasa a ser un estorbo.
Veintinueve años después, el crimen más terrible de la democracia sigue diciendo lo mismo: cuando se combinan una policía autonomizada, un poder económico invisible y una política en disputa, la violencia no es un accidente, es un método. Durante demasiado tiempo se creyó vivir en una normalidad aparente, en una calma ficticia sostenida por la presunción de regularidad institucional. Pero no era paz: era silencio antes del derrumbe. La realidad irrumpió de golpe y lo hizo con una brutalidad que nadie pudo seguir ignorando.
No fue solo un ataque contra una persona. Fue un ataque directo al periodismo de investigación, al derecho de la sociedad a saber y a la idea misma de que el poder debe rendir cuentas. Por eso 1997 no pertenece al pasado: sigue operando como advertencia en el presente.
Ese crimen no ocurrió en el vacío ni fue obra de una desviación individual. Nació de un contexto preciso, reconocible y peligroso: un entramado de intereses económicos opacos, estructuras estatales degradadas y disputas políticas que transformaron la investigación en un campo de batalla. Nada de esto fue improvisado.
La escena no fue solo para matar: fue para dejar marca, para que el mensaje quedara escrito en el cuerpo, en el fuego y en la memoria pública. Eso es lo que vuelve al caso una bisagra en la historia argentina: no es el homicidio de un individuo, sino un ataque a una función social esencial: mirar, registrar.
Nota: Alejandro Vecchi.
