El Expreso de Jujuy
El presidente Javier Milei ejerció por tercera vez en su mandato el veto a leyes sancionadas por el Congreso. En esta oportunidad, la decisión alcanzó de manera simultánea a tres normas de alto impacto político: el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, que contemplaba una actualización de prestaciones.
La decisión se formalizó a través del Decreto 534/2025, y con la medida, se abrió un nuevo episodio de tensión abierta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué necesita Milei para que estos vetos prevalezcan?
Los alcances del veto presidencial
El sistema constitucional argentino otorga al Presidente la posibilidad de rechazar en forma total o parcial cualquier proyecto de ley ya aprobado por ambas cámaras del Congreso. Esta prerrogativa configura un mecanismo de control y balance entre dos de los tres poderes del Estado, otorgándole un mayor predominio al Poder Ejecutivo.
Ante una ley sancionada por el Congreso, el presidente dispone de un plazo de diez días hábiles para promulgarla o vetarla; si no manifiesta ninguna de estas opciones, la ley se considera promulgada automáticamente.
Cuando entra en juego el veto presidencial, la entrada en vigencia de la legislación se suspende de inmediato. El texto vetado retorna al Congreso, que se enfrenta entonces a la definición sobre su futuro: puede insistir en el proyecto original o aceptar la decisión del Ejecutivo.
Las mayorías necesarias para que Milei sostenga los vetos
Este lunes, Milei publicó en el Boletín Oficial la derogación de las tres leyes. Lo cierto es que, para que el veto presidencial sobreviva al proceso legislativo, el oficialismo no necesita reunir mayorías amplias. La clave reside en los números: mientras que la llamada “insistencia” sobre una norma vetada exige el voto afirmativo de una mayoría agravada de dos tercios en cada cuerpo legislativo, una cantidad que a la oposición le cuesta reunir, al Ejecutivo le basta conseguir apenas un tercio de sólo una de las cámaras, para bloquear cualquier intento de reversión.
En términos estrictos, en la Cámara de Diputados, el oficialismo de Javier Milei tendrá que juntar al menos 86 votos (de los 257 legisladores) si asisten todos a la sesión. En el Senado, requiere de 25, sobre un cuerpo completo de 72 miembros.
El procedimiento comienza en la Cámara de origen, donde se inició el proyecto y, si logra los dos tercios, continúa en la Cámara revisora. Pero si La Libertad Avanza (LLA), junto al PRO, logran con eficacia superar el piso mínimo de votos, los vetos quedan firmes y no existe otra posibilidad de insistencia durante ese período parlamentario.
Una de las veces que la oposición no logró reunir la mayoría calificada para rechazar el veto presidencial. Fue en octubre de 2024, cuando fracasó el intento para ratificar la ley de financiamiento universitario (Jaime Olivos)
Los argumentos del Poder Ejecutivo para sostener los vetos
El Decreto 534/2025 que formalizó el rechazo a las tres iniciativas brindó varias razones, agrupadas en torno a dos ejes principales. En primer lugar, Javier Milei señaló que la aprobación de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad contemplaba un gasto fiscal considerado excesivo para la economía argentina.
Según la fundamentación oficial, el paquete añadiría más de $7 billones al gasto en 2025, lo que equivale a un 0,90% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, y $17 billones en 2026, subiendo el impacto hasta un 1,68 por ciento. De acuerdo a la Casa Rosada, semejante incremento pondría en jaque las metas de equilibrio fiscal y comprometería la estabilidad del sistema previsional.
En paralelo, el Gobierno sostuvo que el proyecto legislativo presentaba deficiencias de financiación y que, en caso de aprobarse, el nuevo escenario implicaría “el aumento del gasto condenaría a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”.
El segundo eje del veto apuntó contra la validez del trámite parlamentario, en particular durante el tratamiento en el Senado. Según detalla el decreto, la sesión careció tanto de citación formal como de la habilitación mediante dos tercios requerida para incorporar los proyectos al temario. Por ello, el Gobierno describió el procedimiento como una “violación de reglas básicas del mecanismo legislativo” y advirtió que la eventual aprobación pondría en crisis el sistema constitucional.
El Congreso tratará el veto
Un punto clave del tratamiento de los vetos en el Congreso es si el debate de la insistencia se realizará en “paquete” –abordando todas las leyes con un solo voto– o por separado. Mientras que el Gobierno plantea la opción del tratamiento conjunto, sectores de la oposición temen que la moratoria previsional –menos consensuada incluso dentro de bloques opositores– arrastre al fracaso del aumento a jubilados o la emergencia en discapacidad, que cuentan con un mayor consenso político y social.
En cualquier caso, en esta instancia parlamentaria no se habilita un debate o modificación de los proyectos de ley originales. Cada legislador debe votar por “sí” o “no” a la insistencia de la ley vetada. Tampoco hay labor en comisiones, sino que directamente se llevan al recinto.
La experiencia reciente muestra que el Gobierno suele imponerse en este tipo de trámites. En ocasiones anteriores, los vetos a leyes sobre movilidad jubilatoria y de presupuesto universitario se mantuvieron firmes.
