El Gobierno necesita de un piso mínimo de legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado para ratificar la derogación de los tres proyectos de ley. La cantidad de votos mínimos que se necesita en cada cuerpo legislativo.
POLITICA05 de agosto de 2025
El Expreso de Jujuy
El presidente Javier Milei ejerció por tercera vez en su mandato el veto a leyes sancionadas por el Congreso. En esta oportunidad, la decisión alcanzó de manera simultánea a tres normas de alto impacto político: el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, que contemplaba una actualización de prestaciones.
La decisión se formalizó a través del Decreto 534/2025, y con la medida, se abrió un nuevo episodio de tensión abierta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué necesita Milei para que estos vetos prevalezcan?
Los alcances del veto presidencial
El sistema constitucional argentino otorga al Presidente la posibilidad de rechazar en forma total o parcial cualquier proyecto de ley ya aprobado por ambas cámaras del Congreso. Esta prerrogativa configura un mecanismo de control y balance entre dos de los tres poderes del Estado, otorgándole un mayor predominio al Poder Ejecutivo.
Ante una ley sancionada por el Congreso, el presidente dispone de un plazo de diez días hábiles para promulgarla o vetarla; si no manifiesta ninguna de estas opciones, la ley se considera promulgada automáticamente.
Cuando entra en juego el veto presidencial, la entrada en vigencia de la legislación se suspende de inmediato. El texto vetado retorna al Congreso, que se enfrenta entonces a la definición sobre su futuro: puede insistir en el proyecto original o aceptar la decisión del Ejecutivo.
Las mayorías necesarias para que Milei sostenga los vetos
Este lunes, Milei publicó en el Boletín Oficial la derogación de las tres leyes. Lo cierto es que, para que el veto presidencial sobreviva al proceso legislativo, el oficialismo no necesita reunir mayorías amplias. La clave reside en los números: mientras que la llamada “insistencia” sobre una norma vetada exige el voto afirmativo de una mayoría agravada de dos tercios en cada cuerpo legislativo, una cantidad que a la oposición le cuesta reunir, al Ejecutivo le basta conseguir apenas un tercio de sólo una de las cámaras, para bloquear cualquier intento de reversión.
En términos estrictos, en la Cámara de Diputados, el oficialismo de Javier Milei tendrá que juntar al menos 86 votos (de los 257 legisladores) si asisten todos a la sesión. En el Senado, requiere de 25, sobre un cuerpo completo de 72 miembros.
El procedimiento comienza en la Cámara de origen, donde se inició el proyecto y, si logra los dos tercios, continúa en la Cámara revisora. Pero si La Libertad Avanza (LLA), junto al PRO, logran con eficacia superar el piso mínimo de votos, los vetos quedan firmes y no existe otra posibilidad de insistencia durante ese período parlamentario.
Una de las veces que la oposición no logró reunir la mayoría calificada para rechazar el veto presidencial. Fue en octubre de 2024, cuando fracasó el intento para ratificar la ley de financiamiento universitario (Jaime Olivos)
Los argumentos del Poder Ejecutivo para sostener los vetos
El Decreto 534/2025 que formalizó el rechazo a las tres iniciativas brindó varias razones, agrupadas en torno a dos ejes principales. En primer lugar, Javier Milei señaló que la aprobación de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad contemplaba un gasto fiscal considerado excesivo para la economía argentina.
Según la fundamentación oficial, el paquete añadiría más de $7 billones al gasto en 2025, lo que equivale a un 0,90% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, y $17 billones en 2026, subiendo el impacto hasta un 1,68 por ciento. De acuerdo a la Casa Rosada, semejante incremento pondría en jaque las metas de equilibrio fiscal y comprometería la estabilidad del sistema previsional.
En paralelo, el Gobierno sostuvo que el proyecto legislativo presentaba deficiencias de financiación y que, en caso de aprobarse, el nuevo escenario implicaría “el aumento del gasto condenaría a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”.
El segundo eje del veto apuntó contra la validez del trámite parlamentario, en particular durante el tratamiento en el Senado. Según detalla el decreto, la sesión careció tanto de citación formal como de la habilitación mediante dos tercios requerida para incorporar los proyectos al temario. Por ello, el Gobierno describió el procedimiento como una “violación de reglas básicas del mecanismo legislativo” y advirtió que la eventual aprobación pondría en crisis el sistema constitucional.
El Congreso tratará el veto
Un punto clave del tratamiento de los vetos en el Congreso es si el debate de la insistencia se realizará en “paquete” –abordando todas las leyes con un solo voto– o por separado. Mientras que el Gobierno plantea la opción del tratamiento conjunto, sectores de la oposición temen que la moratoria previsional –menos consensuada incluso dentro de bloques opositores– arrastre al fracaso del aumento a jubilados o la emergencia en discapacidad, que cuentan con un mayor consenso político y social.
En cualquier caso, en esta instancia parlamentaria no se habilita un debate o modificación de los proyectos de ley originales. Cada legislador debe votar por “sí” o “no” a la insistencia de la ley vetada. Tampoco hay labor en comisiones, sino que directamente se llevan al recinto.
La experiencia reciente muestra que el Gobierno suele imponerse en este tipo de trámites. En ocasiones anteriores, los vetos a leyes sobre movilidad jubilatoria y de presupuesto universitario se mantuvieron firmes.
El senador nacional Ezequiel Atauche respaldo a las medidas recientes del Gobierno nacional al considerar que "nación bajó las retenciones al que da trabajo, al que produce, al que hace patria” y solicitó al gobernador Sadir seguir en ese mismo camino.
“Los derechos no se vetan, se garantizan. Estas decisiones no son técnicas ni administrativas: son profundamente políticas y superficialmente efectistas”, sostuvo la senadora nacional Carolina Moisés.
Cinco gobernadores anunciaron que competirán juntos en octubre para exigir en el Congreso una mirada federal y obras para el desarrollo del interior. El jujeño Carlos Sadir junto a los gobernadores de Chubut Ignacio Torres, de Santa Fe Maximiliano Pullaro, de Córdoba Martín Llaryora y de Santa Cruz Claudio Vidal decidieron enfrentar al gobierno nacional en las próximas elecciones legislativas.
Los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Nacho Torres y Carlos Sadir se reunirán este miércoles para avanzar con una agenda parlamentaria en común que toma distancia de la Rosada.
Se desarrolla en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la 56º Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, con el objetivo de avanzar en una agenda común en materia de desarrollo, integración regional y federalismo.
El Gobierno nacional negocia fondos con siete gobernadores a cambio de apoyos legislativos y alianzas para octubre. El gobernador jujeño estuvo ayer en Balcarce 50 participando de una mesa política junto a Sáenz, Figueroa, Jalil, Zdero, Frigerio y Cornejo. Buscan frenar aumentos en jubilaciones y discapacidad y sellar acuerdos electorales. Eso garantizaría que Nación envíe o garantice más recursos para sus provincias.
Matías Jurado, el acusado por las desapariciones y crímenes de al menos cinco personas en situación de calle, en la provincia de Jujuy, cumplió condenas por robos, al tiempo que se conocieron las identidades de las víctimas.
Tras el paro de 24 horas y movilización en San Pedro realizado la semana pasada, trabajadores municipales y estatales determinaron continuar la lucha con un nuevo paro por 48 horas a nivel provincial con movilización el jueves 7 de agosto en San Salvador de Jujuy, en articulación con gremios docentes y otras organizaciones que integran la Intersindical.
“Se han detectado muchos errores: docentes que no vuelcan las notas en las actas correspondientes, libros matrices incompletos, actas sin firmar, entre otros” afirmaron autoridades del ministerio de Educación respecto a los fallos administrativos que motivaron que el año pasado se declarara la emergencia en títulos.
El Gobierno necesita de un piso mínimo de legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado para ratificar la derogación de los tres proyectos de ley. La cantidad de votos mínimos que se necesita en cada cuerpo legislativo.
Bolivia cumple su bicentenario en medio de una incertidumbre política generada por las elecciones que se realzaran el 17 de agosto. La inestabilidad económica, social y política se genera por el capricho del partido gobernante, el MAS, de seguir en el poder sin respetar la voluntad del voto.