El mismo no cuentan con la consulta previa ni el consentimiento de la comunidad aborigen y se enmarca en el OTBN que la provincia debe actualizar, afirmaron sus referentes.
JUJUY18 de junio de 2025
Fernando Burgos
Desde el 03 de febrero del corriente año las Comunidades Indígenas del Pueblo Okloya vienen solicitando a la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy María Inés Zigaran, la apropiada consulta previa, libre e informada en el OTBN que la provincia debe actualizar.
“La misma se debe realizar aplicando el Convenio 169 de la OIT y el Protocolo de Consulta del Pueblo Indígena Okloya, considerando que la Ley 26331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) son dos elementos clave en la gestión y protección de los bosques nativos en Argentina” afirmaron en un comunicado de prensa.
La ley establece los principios y criterios para la protección y manejo de estos ecosistemas, mientras que el OTBN es un documento que identifica y clasifica los diferentes tipos de bosques, sirviendo como base para la aplicación de la ley; la misma está vigente desde el año 2007 y establece que los OTBN deben ser revisados y actualizados cada cinco años en cada provincia; además entre sus articulados expresa que todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.
En el Anexo como parte integrante de esta Ley, establece el Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Todo proceso de consulta se regirá por los principios estipulados en el mencionado Protocolo y como medida precautoria, se prohibirá la realización de todo proyecto o acción que afecte derechos colectivos del Pueblo Indígena Ocloya y sus Comunidades” recalcaron las comunidades.
La prohibición alcanzará aquellos proyectos o acciones que afecten derechos colectivos, que se encuentren en curso y no hayan sido sometidos al proceso apropiado de Consulta Previa Libre e Informada, ni obtenido el pertinente Consentimiento Libre Previo e Informado; en caso de denegación, su inclusión, podrá ser exigible judicialmente.
Recalcaron que los proyectos de Ley 26331 de protección de bosques nativos que se ejecutan en territorio comunitario, no cuentan con la consulta previa ni el consentimiento del Pueblo Indígena Okloya; los mismos constan en informe presentado por la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable al CDCAPO; el Pueblo Okloya desconoce a los beneficiarios de mencionados proyectos que afectan a las Comunidades Tilquiza, Las Capillas, Normenta Pacha y Tiraxi del Pueblo okloya; los mismos no tienen ninguna facultad, ni potestad sobre las Comunidades Aborígenes del Pueblo Okloya.
“En la provincia de Jujuy el OTBN se actualizo en 2011 y 2018 en ambos casos se omitió la apropiada y debida consulta previa a los pueblos indígenas; siendo los mismos de despojo, negocio y daño a los bosques nativos. En la actualidad se ejecutan proyectos en territorios comunitarios, beneficiando a empresarios, ONG y terratenientes, los mismos no cuentan con el consentimiento ni la apropiada consulta previa de las Comunidades Indígenas, protectores ancestrales de los bosques, que desde la vigencia de mencionada Ley, son limitadas para acceder a estos planes y proyectos” puntualizaron finalmente.
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Integrantes de la comunidad indígena Cipaqui, de la zona de Purmamarca, se manifestaron en plaza Belgrano tras recibir una notificación de desalojo para una familia del paraje Kiskiri. Afirman que no conocen el motivo oficial, sospechan vínculos con un proyecto turístico y exigen que la medida sea revocada por escrito. El plazo vence este miércoles.
Vecinos del Barrio Florida, ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 9 en la ciudad de Tilcara, se encontraron con uno de sus principales acceso, cerrado por disposición de Vialidad Nacional. Denuncian que la obra impulsada por el organismo nacional, se realizó sin previo aviso ni consulta a la comunidad, afectando la seguridad vial, el acceso a servicios esenciales y la economía local.
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