Los miembros de las fuerzas policiales y penitenciarias de Jujuy, activos y retirados, expresaron su malestar por la designación de Manuel Pulleiro como Ministro de Seguridad de la provincia.
JUJUY19 de marzo de 2025
El Expreso de Jujuy
"Esta decisión no solo desconoce la capacidad y trayectoria de los cuadros policiales locales, sino que representa un giro drástico e inaceptable en la política de seguridad de Jujuy, alejándola del modelo civil de conducción para imponer una visión militarizada que no responde a las necesidades reales de nuestra sociedad" expresaron en un comunicado de prensa.
Destacaron además que "la designación de Pulleiro es un desprecio, un disvalor y una falta de reconocimiento hacia los profesionales de la seguridad nativos, jujeños, quienes con vocación y sacrificio hemos servido y seguimos sirviendo a nuestra provincia. Nos estigmatiza con la idea de que no somos capaces de conducir la seguridad, de proteger a los jujeños y de enfrentar la lucha contra el crimen, cuando hemos demostrado con creces que conocemos nuestro territorio, sus desafíos y las estrategias más eficaces para mantener el orden y la paz social".
Recalcaron que "Pulleiro, un militar de carrera ajeno a nuestra provincia, ya demostró en su paso por el Ministerio de Seguridad de Salta (2019-2021) una gestión basada en el endurecimiento extremo del trato hacia los efectivos policiales, la represión a la protesta social y una política de seguridad confrontativa. Su eventual llegada implicaría la imposición de una cúpula de gestión castrense, con mandos de segunda y tercera línea provenientes del ámbito militar, desplazando a quienes realmente conocen la dinámica de la seguridad en Jujuy".
Además destacan que "nuestra policía y servicio penitenciario no necesitan más imposiciones arbitrarias ni cambios de rumbo improvisados, sino reconocimiento, respeto y conducción desde el conocimiento real del territorio y sus particularidades. Nos preocupa enormemente que esta designación abra las puertas a una política de represión indiscriminada, criminalización de la protesta y menosprecio absoluto por los derechos sindicales y sociales".
"No permitiremos que nuestra función sea utilizada como herramienta de confrontación ni que se vulneren los principios democráticos en la gestión de la seguridad. Exigimos al Gobierno de Jujuy que reconsidere esta decisión y que respete la identidad, el esfuerzo y la profesionalidad de sus propias fuerzas de seguridad" apuntaron finalmente.
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