El Expreso de Jujuy
"Termina un caso de persecución política, en el que Milagro fue condenada por una manifestación contra Morales en la que ni siquiera estuvo”, sostuvo su abogado Marcos Aldazabal.
Quince años después del hecho, la Corte dio por terminada una de las causas con las que Gerardo Morales diseñó la persecución contra Milagro Sala: la que se inició porque el dirigente radical recibió huevazos durante una protesta que se hizo en 2009 en su contra y en la que ni siquiera había participado la líder de la Tupac Amaru. “Termina un caso de persecución política, en el que Milagro fue condenada por una manifestación contra Morales en la que ni siquiera estuvo”, escribió su abogado Marcos Aldazabal en su cuenta de X.
Todos los integrantes del máximo tribunal –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– rechazaron el recurso que había presentado el exgobernador de Jujuy contra la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de sobreseer a Milagro Sala en la causa de los “huevazos”. De esa forma, los cortesanos desbarataron el intento de Morales de sostener una causa por un hecho sucedido hace una década y media.
La causa se inició a partir de una denuncia que hizo Morales después de un escrache que sufrió mientras daba una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. La actividad fue el 16 de octubre de 2009. En 2011, se pidió la elevación a juicio de Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López como coautores de daño agravado y amenazas. A Milagro Sala la acusaron de ser instigadora.
El 28 de diciembre de 2016, cuando Sala ya llevaba casi un año presa, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy la condenó por haber supuestamente instigado la protesta contra Morales que se había hecho siete años antes. En ese momento, el TOF dio por acreditado el delito de daño pero consideró prescripto el de amenazas.
Cuando fue la protesta contra Morales, Sala no estaba siquiera en la provincia, pero para condenarla tomaron como ciertos los dichos de René Orlando Orellano que había declarado que la protesta se había organizado dos días antes en la casa de Milagro. Lo que Orellano olvidó declarar fue que él era empleado de la gobernación de Morales, el principal interesado en conseguir la condena de Sala. “Además, dijo que había denunciado porque se encontró con el abogado de Morales ‘de casualidad', que le indicó que podía denunciar lo sucedido. Negó haber hablado nuevamente con este abogado, pero un registro de llamadas mostró conversaciones el día antes de su declaración”, apuntó Aldazabal.
La causa llegó a Casación en 2017. Allí, el fiscal Javier De Luca se pronunció por la absolución de la dirigente social, mientras que los integrantes de la Sala IV --Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani-- confirmaron la sentencia y ordenaron al tribunal de Jujuy dictar sentencia también por el delito de amenazas, por el que habían sido absueltos. La causa fue a la Corte en 2018, que rechazó el recurso por no ser sentencia definitiva.
En el expediente no hubo novedades durante tres años. El 4 de junio de 2021, el TOF rechazó la prescripción de la causa pedida por la defensa de Sala. Para entonces, Morales vociferaba que quería siete años y medio de prisión para Sala y que la cumpliera en el penal federal de Güemes --donde estuvo alojada un breve lapso durante el macrismo. Ese tiempo fue suficiente para que los penitenciarios la ficharan y compartieran su información con los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que pasaron a la fama como “Súper Mario Bros”.
El 17 de junio de 2021, los jueces de Jujuy agravaron en seis meses la pena que ya le habían dictado a Sala en 2016. De esa forma, quedó con una pena de tres años y medio por una protesta que se había hecho doce años antes. En Casación, el fiscal de Luca consideró que el TOF de Jujuy se había apurado a dictar la nueva sentencia condenatoria porque creía que la causa estaba por prescribir. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Liliana Catucci, les dio la razón a la defensa de Sala y al fiscal de Luca: la causa estaba prescripta.
Por Luciana Bertoia - Página 12
Un hombre que desobedeció la orden judicial de abstenerse de ejercer todo acto de perturbación, intimidación y/o violencia física y psicológica hacia su expareja, fue condenado a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Se trata de Héctor Romero quien quedó a disposición de la Justicia Federal de Salta y que vio por última vez a María Cash, la joven de 29 años que está desaparecida desde el 8 de julio de 2011.
El presidente ratificó la política de seguridad del Gobierno y anunció que prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género, luego de que se diera a conocer que el líder de la banda Los Monos, Guillermo Cantero, había presentado 10 hábeas corpus en los que decía autopercibirse mujer.
La nueva metodología asegurar la continuidad del servicio de justicia durante el período conocido como "feria judicial además permitirá que las investigaciones judiciales, las medidas procesales y la atención al público sigan desarrollándose sin interrupciones, resguardando el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas.
Un tribunal de violencia de género, dictó la primera condena en la provincia de Jujuy por lesiones psicológicas en un caso de violencia de género.
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
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El miércoles se realizará una nueva sesión de la Legislatura de la Provincia, donde se abordará entre otros proyectos, una iniciativa para cambiar de nombre a la Escuela Nro. 131 de Lagunillas del Farallón, que pasaría de llamarse "Alfonsina Storni", por el nombre de "Guillermo Llampa".
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