El Gobierno nacional oficializó hoy la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año, período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete.
NACIONALES05 de febrero de 2024
El Expreso de Jujuy
Así se establece en el decreto 117/2024 que fue publicado en el Boletín Oficial.
Así, el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.
Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.
En el ejercicio de sus cargos, "el interventor y el interventor adjunto tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente", según se sostiene en el articulado de la norma.
Los interventores deberán "elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo".
Además deberán "evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y aprobar uno nuevo", así como propiciar cambios "en el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias o aprobar uno nuevo".
Además, podrán modificar "el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y cambiar "la denominación de los organismos, previa conformidad del Ejecutivo.
Las nuevas autoridades de los medios públicos también estarán en condiciones de "modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva", según se establece en el articulado de la norma.
Además podrán "revisar la administración de compras y contrataciones" y "disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos".
Deberán "presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas y designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas".
El decreto determina que tanto el interventor como el interventor adjunto puedan "vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios".
En caso de detectarse alguna anomalía, "deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar".
En el articulado se fija que "el interventor tendrá en forma exclusiva facultades de representación de las sociedades", y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto".
Asimismo, se faculta a la Jefatura de Gabinete o al organismo que esta dependencia de Gobierno determine "a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del presente".
En los fundamentos de esta normativa, se recuerda que esta decisión está en línea con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 el diciembre de 2025.
La citada norma "tuvo en consideración que, a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".
Y que mediante ese DNU se derogó la ley 20.705 y "se dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades", se subraya en los fundamentos.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos.
Con la firma del portavoz Manuel Adorni, el Gobierno prolonga una medida que va en línea con las políticas de austeridad fiscal que se trazó la administración de Javier Milei.
Finalmente, tras cinco años de vigencia, mañana lunes queda sin efecto el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS).
Milei benefició con aportes discrecionales por $50 mil millones a Passalacqua, Jaldo y Frigerio El gobernador de Misiones recibió $13 mil millones, Entre Ríos 6800 millones, Jaldo 6500 millones; Jujuy obtuvo 4500 millones de pesos en dos tramos y otras seis provincias sumaron 19200millones. Hay 14 distritos no recibieron ni un peso de ATN.
La decisión se refiere a la situación del gobernador de esa provincia, el peronista Gildo Insfrán, que está al frente del Poder Ejecutivo desde 1995. El amparo que precedió al fallo, fue presentado por el frente “Confederación Frente Amplio Formoseño” y los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti acordaron en que la cláusula impugnada (aprobada en 2003) dejó explícita una ambigüedad sobre permitir o no las reelecciones de forma ilimitadas
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