El Expreso de Jujuy
Los allanamientos se realizaron en distintas propiedades de Salta y Jujuy, se detuvo e imputó a dos líderes de una organización narco criminal que operaba en las dos provincias norteñas. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal Federal informó que las juezas federales de Garantía Mariela Giménez y Carina Gregoraschuk formalizaron la acusación contra Abel Liquitay y David Liquitay Choque y dictaron la prisión preventiva de ambos.
Ambos sujetos quedaron imputados por transportar estupefacientes y por lavado de activos agravado.
Durante los allanamientos también quedaron detenidos Darío Giménez y Daniel Suárez, imputados por traslados de más de 450 kilos de cocaína en noviembre de 2023, en el sur de Salta, y en enero pasado, a la altura de la finca El Pongo, en la provincia de Jujuy.
La investigación es llevada a delante de manera conjunta entre personal de Gendarmeria Nacional, las Áreas de Delitos Complejos de las Unidades Fiscales de Jujuy y Salta; con la participación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), junto al responsable de la región NOA de esa área, Eduardo Villalba; y al fiscal de feria, Carlos Amad Martín.
Abel Liquitay y David Liquitay Choque son hermanastros y están implicados en delitos de narcotráfico desde el año 1978, operando en Salta y Jujuy. Son considerados los más importantes proveedores de drogas en todo el país.
Para llegar a su detención, se realizaron 31 allanamientos simultáneos en inmuebles de Salta y Jujuy, en los que además se secuestraron 49 vehículos, 4.7 millones de pesos, 13.603 dólares, 100 euros, 420 pesos bolivianos y documentación de interés para la investigación.
De acuerdo a la investigación ejercida por los fiscales, se determinó que la droga ingresaba a nuestro país por la Quiaca con la participación de otros actores, quienes coordinaban el traslado de los estupefacientes hasta la capital jujeña.
En San Salvador de Jujuy la droga era acondicionada y se transportaba a las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. Una vez en cada lugar de destino, la operación se ejecutaba con adquisición de vehículos como forma de pago.
Por último, la fiscalía afirmó que ninguno de los acusados registraba trabajo formal ni ingresos registrados en la AFIP, pese a la enorme cantidad de dinero que administraban para la adquisición de estos vehículos.
