La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N1 de Humahuaca, a cargo de la fiscal Leila Rodríguez, con una asombrosa rapidez, decidió imputar a 16 miembros de la comunidad aborigen, entre ellos a su Presidenta Lucia Apaza, a la Comisionada Municipal Rosa Apaza y a parte de su gabinete, con la carátula de daños agravados, robo agravado y usurpación. La causa nace por las tierras donde actualmente se encuentra una cancha de fútbol ancestral.
JUDICIALES12 de enero de 2024
Fernando Burgos
La hostil persecución hacia la comunidad aborigen Pueblo Kolla de Caspalá, data desde hace más de un año, siendo una de las denunciantes Natividad Apaza, Comisionado Municipal saliente, allegado al ex Gobernador Gerardo Morales y opositor político a la actual gestión municipal. La ex jefa comunal tiene múltiples denuncias, de las cuales, sorpresivamente, ninguna ha tenido avances en la fiscalía.
Por otro lado, Fiscalía de Estado, que tiene pleno conocimiento y ha sido notificada de la causa radicada en el Juzgado Federal de Jujuy N2: “Gerardo Rubén Morales/otros Robo, Usurpación, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de funcionario Público, Usurpación de Aguas y otros”, que ratificó la competencia federal y aseguro: “…que las tierras se encuentran en posesión del pueblo Kolla de Caspalá, las cuáles, conforme la normativa citada dichas tierras resultan ser inembargable e inejecutable", “…que lo que se encuentra afectado en el caso, son garantías constitucionales y convencionales, denunciadas como no respetadas”.
El eje de la discusión es la defensa de las tierras y los territorios comunitarios, derechos preexistentes garantizados por la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales. Puntualmente la cancha de fútbol ancestral, perteneciente a la comunidad aborigen con personería jurídica.
Aclararon que sobre todo en una provincia donde constantemente se ven vulnerados y avasallados los derechos de las comunidades, que el eje de la discusión es que no puede dañarse, robarse o usurparse lo que es propio.
La Dra. Silvana Llanes, apoderada de la Comunidad destacó que “el predio donde se encuentra ubicada la cancha de Caspalá pertenece a la comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá y no al Estado Provincial. Ya lo dijo claramente la Justicia Federal, esas tierras no pueden ser embargables ni enajenables, por lo tanto el Estado Provincial no puede arrogarse derechos que no tiene, utilizando las instituciones públicas para adulterar información y hacerse de territorios de comunidades originarias”.
Amelia de Dios, abogada de los funcionarios de la Comisión Municipal, en consonancia expresó: “esta causa es sólo una demostración más del persistente hostigamiento a la comunidad, que además, ahora se suma un elemento que aumenta su gravedad, la persecución política a autoridades municipales de la localidad, elegidas por la voluntad popular y que llevan sólo un mes de gestión, iniciadas por el ex comisionado radical y el gobierno provincial, y dándole continuidad la justicia local, sin tener pruebas, porque básicamente no existen”.
Esta situación demuestra que en Jujuy no existe seguridad jurídica, no se respetan las garantías constitucionales, y tampoco la división de poderes, ya que el poder judicial no es independiente, violatorio de nuestra Carta Magna.
Las mujeres comuneras solicitaron el apoyo de toda la sociedad jujeña, para que finalmente, se termine el calvario de persecuciones, amenazas, reprensión y causas armadas, etapa oscura de nuestra historia, que tanto dolor ha causado en nuestras hermanas y hermanos.
La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
L.F.M. fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real”, ilícito perpetrado contra un menor de edad en el barrio Alto Comedero.
La incorporación del Dr. Chacón representa un aporte significativo para el Ministerio Público de la Acusación, en tanto su experiencia profesional viene a reforzar el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. Su llegada apunta a profundizar el fortalecimiento interministerial, con el objetivo de consolidar políticas públicas orientadas a brindar a la ciudadanía una justicia eficiente, moderna y de calidad.
Se trata de dos adultos señalados como los responsables de la muerte de “Gringo”, el perro del barrio de la localidad La Mendieta que ganó popularidad gracias a su carisma y el cariño que le tenía la gente. Deberán purgar penas en forma condicional tras ser acusados de torturar y causar la muerte de un perro y por maltrato animal.
En el Barrio “Loteo Bárcena” los vecinos y dirigentes vecinalistas, se resignan a seguir denunciando el narcomenudeo y la venta de drogas, porque “existe convivencia” de la policía con los “dealers” y puestos de ventas. Dicen que hay al menos “15 lugares de ventas” y el flagelo afecta a cientos de familias.
Federico Otaola asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Jujuy tras el fallecimiento de Ekel Meyer. El actual vicepresidente del máximo tribunal jujeño confirmó que quedará al frente del máximo órgano judicial de la provincia.
El peronismo jujeño sintió una dura ausencia en la Cámara de Diputados de la Nación. Por primera vez desde el retorno de la democracia, no se presentó para la jura un representante nacional elegido por el peronismo de Jujuy.
Para el martes está convocada a la última sesión de la Cámara de Diputados, con la antigua conformación. Allí se abordará en sesión extraordinaria el Presupuestos 2026 y muchos temen que también se cubra la vacante en la Suprema Corte de Justicia producida por el fallecimiento del Dr. Ekel Meyer.
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El tan esperado evento de egresados de los colegios secundarios de Jujuy, la Cena Blanca, se convirtió en un "viernes tormentoso" y una "vergüenza"de organización.
El informe Gino Germani (UBA) reveló que 7 de cada 10 trabajadores no cubren la canasta básica. El 58% de los empleados formales está bajo el umbral.